La modificación plantea un ajuste progresivo de dos horas menos por año hasta alcanzar el nuevo límite en enero de 2030. El 2026 será un periodo de adaptación para que empresas y empleados se preparen ante la transición. La nueva disposición quedará incorporada tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo y establece que la reducción no podrá traducirse en disminución de salarios, sueldos ni prestaciones. Además, se refuerza la prohibición de que menores de edad realicen horas extra.
La iniciativa fue presentada en diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla cambios al artículo 123, apartado A, de la Constitución mexicana. Tras superar el trámite en la Cámara alta, el dictamen será enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá recibir la aprobación definitiva.
La votación en lo general implica que el pleno avaló la reforma en su conjunto, incluidos los artículos que no fueron objeto de reservas ni modificaciones. Aunque el respaldo fue unánime, el debate evidenció diferencias entre las fuerzas políticas.
Senadores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados defendieron la gradualidad como un mecanismo responsable para garantizar estabilidad económica y laboral. Desde la oposición, en cambio, cuestionaron que la reducción no entre en vigor de inmediato.
El senador del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, calificó la medida como “un acto de justicia a medias” y advirtió que más del 55 por ciento de los trabajadores mexicanos se desempeñan en la informalidad, por lo que no se verán beneficiados por la reforma. También criticó que el nuevo esquema no se aplique antes y sugirió que pudo existir un acuerdo con el sector empresarial para extender el plazo hasta 2030.
Pese a los señalamientos, la reforma avanzó sin votos en contra y ahora queda pendiente el análisis y votación en la Cámara de Diputados, último paso del proceso legislativo para que la reducción de la jornada laboral se convierta en una realidad en México.
Redacción: Forum News