De acuerdo con el máximo tribunal, las agresiones que implican crueldad excepcional, daños físicos severos o afectaciones psicológicas irreversibles deben recibir la sanción más alta contemplada en la ley. Bajo este criterio, la posibilidad de indulgencia queda descartada, incluso cuando los acusados admiten su responsabilidad.
Este endurecimiento forma parte de una política de tolerancia cero que ya ha tenido consecuencias concretas. En los últimos años, varios condenados por violencia sexual grave y trata de menores fueron ejecutados tras la revisión de sus sentencias por los órganos judiciales superiores, en procesos avalados por el marco legal vigente.
La base jurídica de esta política se encuentra en las reformas al Código Penal de la República Popular China, particularmente en artículos relacionados con violación y abuso sexual, así como en la Ley de Protección de Menores, ambas fortalecidas desde 2021 y complementadas con interpretaciones judiciales posteriores. Estas normas amplían las penas y refuerzan la obligación de denunciar cualquier indicio de abuso.
El impulso para estas reformas surgió a raíz de casos de alto impacto que provocaron una fuerte reacción social, especialmente en plataformas digitales. Ante la presión pública, las autoridades judiciales y la fiscalía emitieron directrices orientadas a acelerar los procesos y aplicar sanciones más duras, eliminando atenuantes en los delitos considerados más graves.
El enfoque punitivo adoptado por China contrasta con la respuesta judicial observada en otros países, donde los procesos suelen prolongarse durante años. Para el gobierno chino, la ley cumple una función ejemplarizante y de control social, aunque el debate sobre la proporcionalidad de las penas y sus implicaciones éticas continúa generando cuestionamientos a nivel internacional.
Redacción: Forum News