La solicitud del TSE busca que la Asamblea pueda tramitar el levantamiento del fuero, paso necesario para que el proceso avance y, eventualmente, se determinen sanciones que podrían impedir al presidente ocupar cargos públicos en el futuro.
El caso se suma a advertencias previas: en abril pasado, el tribunal amonestó a Chaves por manifestaciones que podrían comprometer la imparcialidad del Gobierno en procesos electorales. En esa ocasión, se le ordenó abstenerse de usar recursos públicos o realizar declaraciones que favorecieran o perjudicaran a algún partido o candidato.
En septiembre, Chaves enfrentó un proceso de desafuero por presunto manejo irregular de fondos, promovido por la Fiscalía General. La votación en el Congreso no alcanzó la mayoría calificada necesaria, por lo que el presidente mantuvo su fuero.
La ley electoral costarricense prohíbe a los funcionarios, incluido el presidente, participar o influir en campañas políticas. El incumplimiento puede derivar en destitución e inhabilitación por un período de dos a cuatro años. Durante sus conferencias y actos oficiales, Chaves ha cuestionado a partidos de oposición, diputados y autoridades judiciales, así como promovido lo que considera necesario para asegurar una mayoría calificada de diputados “patriotas” en los comicios de 2026.
Costa Rica celebrará elecciones el 1 de febrero de 2026 para elegir presidente y 57 diputados, en un proceso donde ya se han inscrito 20 aspirantes presidenciales.
Redacción: Forum News