JLL Capital alegaba que Honduras había expropiado su inversión en su subsidiaria CA Capital y le había denegado justicia, en presunta violación del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica. Por estos señalamientos, la compañía reclamaba una compensación de 460 millones de dólares.
La disputa quedó fuera de la competencia del tribunal
La PGR argumentó que el conflicto estaba relacionado con servicios financieros, una materia excluida del capítulo de protección de inversiones del tratado invocado por la empresa. Por mayoría, los árbitros aceptaron las objeciones de jurisdicción presentadas por Honduras. Además, rechazaron la petición subsidiaria de aplicar el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte.
La resolución se refiere únicamente a la competencia del tribunal para conocer el caso. Esto significa que los árbitros no emitieron un fallo sobre el fondo de las acusaciones de JLL Capital, sino que determinaron que no podían resolver la controversia bajo los fundamentos jurídicos planteados. Con esta decisión, Honduras evita el pago reclamado en este arbitraje.
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, manifestó que la institución continuará defendiendo los intereses del país frente a las demandas presentadas en instancias internacionales. “Nosotros vamos a defender el patrimonio del Estado de Honduras; la postura del Estado será defenderse”, expresó al referirse al resultado del proceso.
Aspra calificó la resolución como un motivo de satisfacción para la PGR y señaló que es el primer caso ganado por Honduras entre los 13 procesos que, según indicó, enfrenta el país ante el CIADI. La institución aseguró que continuará con la defensa jurídica del Estado en las controversias pendientes, con el objetivo de proteger los recursos públicos frente a las reclamaciones de inversionistas extranjeros.