El encuentro fue encabezado por el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, junto a representantes de distintas secretarías de Estado. Hernández Hércules explicó que este tipo de evaluaciones forman parte del seguimiento periódico que realiza Finanzas sobre el uso de los recursos asignados a cada dependencia.
“Siempre estamos pendientes mensualmente de cómo va la evolución de cada una de las diferentes secretarías de Estado”, señaló el funcionario, al destacar que estas revisiones permiten determinar dónde son necesarios ajustes para mejorar la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
En cuanto a la planificación del próximo ejercicio fiscal, el titular de Finanzas indicó que uno de los objetivos es disminuir el peso del gasto corriente respecto al presupuesto de 2026. “Estamos enfocados también en poder analizar y revisar el presupuesto 2027 para que podamos tener un menor gasto corriente que el que tenemos en el 2026”, afirmó.
La elaboración de las nuevas proyecciones también deberá incorporar posibles contingencias asociadas a la sequía y a las variaciones en los precios internacionales de los combustibles. Hernández Hércules explicó que las medidas temporales de apoyo a los combustibles y el congelamiento de la tarifa eléctrica han generado compromisos que no estaban contemplados inicialmente, por lo que la Secretaría de Finanzas mantiene una revisión semanal con el Gabinete Energético para establecer su impacto y las fuentes de financiamiento requeridas.
Para el cierre del año, las autoridades también contemplan como prioridades el fortalecimiento de las áreas de seguridad y defensa, así como la identificación de los proyectos que pueden concluirse durante el período actual y aquellos que deberán continuar dentro de la planificación presupuestaria de 2027.
Hernández Hércules aseguró además que las metas de recaudación se están cumpliendo y adelantó que Finanzas analiza la implementación de la facturación electrónica durante el próximo año, como una medida orientada a combatir la evasión y fortalecer los ingresos del Estado.