El expresidente de Cuba, Raúl Castro, podría enfrentar una posible acusación en Estados Unidos por su presunto papel en el derribo de dos aviones civiles ocurrido en 1996, un hecho que dejó tres estadounidenses muertos, profundizó el deterioro de las relaciones bilaterales y sigue siendo un punto de tensión entre Washington y La Habana.
Fuentes citadas por CNN señalan que fiscales federales evalúan presentar cargos contra Castro, quien en ese momento se desempeñaba como ministro de Defensa de Cuba, mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos prevé un anuncio en Miami junto a un acto en homenaje a las víctimas, sin detallar su contenido.
El incidente ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando dos aeronaves fueron derribadas cerca de la costa cubana con misiles guiados por calor, según documentos del Congreso estadounidense, lo que provocó la muerte de tres ciudadanos de ese país y un residente, mientras una tercera aeronave logró escapar.
Las operaciones eran realizadas por Hermanos al Rescate, una organización con base en Miami que efectuaba vuelos de búsqueda y asistencia a migrantes cubanos en el Estrecho de Florida, además de realizar acciones de carácter político contra el gobierno cubano en la década de los noventa.
Tras el ataque, Estados Unidos condenó el hecho y responsabilizó a La Habana, lo que derivó en la aprobación de la Ley Helms-Burton, una normativa que endureció el embargo económico y estableció condiciones estrictas para cualquier flexibilización de la política hacia la isla.
El Congreso estadounidense calificó el suceso como una violación grave del derecho internacional y un acto premeditado, al considerar que el uso de fuerza letal fue inapropiado frente a la situación planteada al gobierno cubano, según el pronunciamiento legislativo de la época.
La versión oficial de Cuba sostiene que las aeronaves ingresaron a su espacio aéreo y que existieron advertencias previas antes del derribo, defendiendo la acción como una respuesta de protección de la soberanía nacional ante posibles amenazas.
Tres décadas después, el caso vuelve a la agenda judicial en Estados Unidos en medio de presiones del exilio cubano y sectores legislativos, mientras persiste la división entre quienes exigen responsabilidades penales y quienes consideran que se trató de una medida de defensa estatal en un contexto de alta tensión.
Redacción: Forum News