Los hijos de la ambientalista hondureña Berta Cáceres presentaron en julio de 2019 una solicitud ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Mississippi para obtener registros bancarios que, según alegaron, podrían demostrar el móvil financiero detrás del asesinato de su madre.
La solicitud, amparada en el artículo 28 U.S.C. § 1782 —una ley federal que permite a litigantes extranjeros obtener pruebas en Estados Unidos para uso en procedimientos judiciales en el exterior— fue presentada por Laura, Bertha y Salvador Zúniga Cáceres, hijos de la líder indígena lenca asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, Intibucá.
El blanco de la solicitud era un banco, con sede en Gulfport, Mississippi, entidad que financió mediante una hipoteca la compra de una residencia de más de 470 metros cuadrados ubicada en Houston, Texas, adquirida por Castillo apenas unos meses después del crimen. Los solicitantes argumentaron que los registros financieros relacionados con esa transacción podrían probar que Castillo recibió una suma considerable de dinero.
Castillo, ex presidente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa concesionaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que Cáceres se opuso tenazmente, fue señalado por la fiscalía hondureña como autor intelectual del crimen. Fue imputado en marzo de 2018 y se encontraba en juicio en Honduras al momento de la solicitud.
El caso Berta Cáceres se convirtió en un símbolo internacional de la violencia contra defensores ambientales. Honduras ha sido catalogada como uno de los países más peligrosos del mundo para activistas ecológicos, con más de 120 asesinatos registrados entre 2010 y 2016.