La medida fue aprobada por mayoría en el pleno legislativo y alcanza al consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, a la consejera suplente Karen Patricia Rodríguez, así como a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, junto a los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.
Con la admisión de la denuncia, los funcionarios quedan suspendidos de sus cargos mientras se desarrolla el proceso de audiencias de descargo, tal como lo establece el procedimiento legislativo para este tipo de casos.
Durante la sesión, y en medio de la lectura de las acusaciones, se presentó la renuncia por escrito de Karen Patricia Rodríguez, quien argumentó que su decisión respondía a la necesidad de “salvaguardar su honor”. La dimisión fue sometida a votación y aceptada por mayoría del pleno.
El proceso se sustenta en denuncias que señalan supuestas ilegalidades cometidas por los funcionarios y su presunta incidencia en el entorpecimiento de los procesos electorales primarios y generales, apoyadas en señalamientos de abogados y reportes de misiones de observación electoral.
La jornada legislativa estuvo marcada por momentos de tensión, especialmente cuando se leyeron los nombres de los funcionarios involucrados, lo que provocó protestas por parte de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) dentro del hemiciclo.
Ante esta situación, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ordenó al secretario tomar nota de los diputados que interrumpían la sesión para aplicar sanciones conforme al reglamento, incluyendo la posibilidad de suspensión sin goce de salario.
Para avanzar en el proceso, el Legislativo nombró una comisión especial encargada de desarrollar las audiencias, integrada por varios congresistas, quienes deberán analizar los descargos de los señalados antes de emitir una resolución.
Desde la bancada de Libre, su jefe Ronald Panchamé cuestionó la decisión y afirmó que “se fraguó un día oscuro para la institucionalidad del país”, además de criticar la forma en que se realizó la votación en el pleno.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, defendió la resolución al asegurar que la mayoría de su bancada respaldó la medida y subrayó que el juicio político “es una herramienta de control constitucional para aquellos funcionarios que no cumplen con sus funciones”.
Tras la aprobación, el consejero Marlon Ochoa reaccionó públicamente y anunció que no atenderá la citación del Congreso Nacional, al considerar que el proceso carece de imparcialidad. “No atenderé esa citación”, expresó, al tiempo que sostuvo que ya existe una decisión anticipada en su contra.
En su pronunciamiento, Ochoa también afirmó: “Cumplí con mi responsabilidad de decir la verdad, denunciar el fraude electoral”, y agregó que “comparecer ante un tribunal que ya tiene escrita su sentencia sería convalidar el teatro del crimen”, reiterando su rechazo al proceso y su postura de no someterse al mismo.
Mensaje oficial del consejero del CNE Marlon Ochoa