No obstante, ayer miércoles, previo a la fecha fijada para su comparecencia, Zelaya anunció públicamente que no acudiría al hemiciclo, al considerar que durante el desarrollo del proceso no existieron condiciones de igualdad ni garantías mínimas de imparcialidad. En un mensaje dirigido a la población, sostuvo que desde el inicio manifestó su disposición de someterse al juicio político conforme al debido proceso, pero afirmó que fue “juzgado y prácticamente condenado de forma anticipada”.
El fiscal general suspendido cuestionó el actuar de la comisión especial, señalando que la denuncia fue admitida y que se recibieron testimonios de cargo sin permitir repreguntas, lo que, a su juicio, vulneró su derecho de defensa. En ese contexto, aseguró que no legitimaría lo que calificó como un procedimiento viciado que violenta sus derechos y la Constitución de la República, al tiempo que reiteró que no renunciaría al cargo y que no temía al proceso.
Zelaya también anunció que interpondría una demanda contra el Estado de Honduras ante los órganos competentes por las decisiones adoptadas en su contra, advirtiendo que las consecuencias económicas de esa acción recaerían en el propio Estado. Asimismo, sostuvo que los señalamientos en su contra se basaban en “chismes” y que no se presentaron pruebas que sustentaran las acusaciones. Durante sus declaraciones, afirmó que su salida del cargo respondía a que “estorbaba a los corruptos” y adelantó que en abril se presentarían requerimientos fiscales relacionados con el caso del ambientalista Juan López.
Tras conocerse su decisión de no comparecer, el Congreso Nacional continuó con el desarrollo de la sesión y dio inicio a la lectura del informe final elaborado por la comisión especial de juicio político. Durante la exposición del documento, leída por la diputada Ariana Banegas, la sesión estuvo marcada por momentos de tensión, gritos y protestas por parte de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) dentro del hemiciclo legislativo.
Previo a someter el informe a votación, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que Zelaya había renunciado de manera personal a su derecho de comparecer ante el pleno, por lo que el Legislativo no estaba obligado a postergar el proceso. En ese sentido, indicó que correspondía proceder de inmediato con la discusión y votación del informe presentado por la comisión especial.
Posteriormente, el documento fue aprobado por amplia mayoría, alcanzando 93 votos a favor, con lo que el Congreso Nacional resolvió la destitución de Johel Zelaya como fiscal general de la República. La decisión puso fin al proceso de juicio político que se había desarrollado en las últimas semanas en el Legislativo.
Tras la destitución, el pleno procedió esa misma noche a elegir y juramentar al abogado Pablo Emilio Reyes como nuevo fiscal general. Su candidatura fue propuesta por el diputado del Partido Nacional, Mario Alonso Pérez, y recibió el respaldo mayoritario de los legisladores. Horas después de la decisión, Zelaya informó que presentó un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción ante la Secretaría del Congreso Nacional, con el objetivo de impugnar el procedimiento que derivó en su separación del cargo y continuar las acciones legales que anunció contra el Estado.