La decisión fue respaldada por más de 90 votos de las cinco fuerzas políticas representadas en el hemiciclo, consolidando un giro en la administración de recursos dentro del Legislativo y dando paso a un nuevo esquema orientado al control institucional y la rendición de cuentas.
El decreto deroga en su totalidad el artículo 81-A, que daba sustento legal al fondo departamental, suprimiendo así la figura que permitía a los diputados gestionar y canalizar recursos hacia distintos proyectos, un modelo señalado durante décadas por facilitar prácticas de clientelismo y opacidad en el uso de fondos públicos.
Con esta reforma, el Congreso busca sustituir ese esquema por un sistema en el que los legisladores mantengan su rol de gestores de necesidades comunitarias, pero sin intervención directa en el manejo del dinero. Las ayudas destinadas a escuelas, alcaldías, patronatos e iglesias serán canalizadas de forma institucional para garantizar que lleguen directamente a los beneficiarios.
“El fondo departamental hoy lo vamos a derogar en el Congreso Nacional; yo presenté la propuesta el día martes. Es una reforma que va orientada a la eliminación en su totalidad del fondo social de la Ley Orgánica, cambiando un mecanismo que se ha manejado de manera discrecional por más de 40 años”, afirmó el presidente del CN, Tomás Zambrano.
El titular del Legislativo explicó que el nuevo modelo prioriza la transparencia en la asignación de recursos. “La gestión del diputado no la podemos eliminar porque la gente le toca la puerta de su casa para solicitar apoyo, pero hoy va a existir orden, transparencia y rendición de cuentas. Las ayudas van a salir directamente a nombre de las instituciones y personas beneficiadas”, sostuvo.
Como parte de la reestructuración, se creará una Unidad de Ayudas Sociales encargada de administrar y auditar cada asignación, con el objetivo de que los recursos públicos sean plenamente rastreables y se conozca con precisión a quiénes se benefician.
“Vamos a crear una unidad de ayudas sociales y se va a transparentar cada otorgamiento. Lo que nos interesa es que la gente sepa a quién se está ayudando y dónde se están destinando estos recursos”, puntualizó Zambrano.
El decreto también introduce reformas en el control de asistencia de los diputados, estableciendo que el salario se devengará únicamente por el cumplimiento efectivo de sus funciones legislativas.
Asimismo, se incorpora la figura del curul vacío en casos de ausencia injustificada tanto del diputado propietario como de su suplente, lo que implicará la no remuneración correspondiente a ese día.
La normativa añade responsabilidades para quienes ocupen curules que no les corresponden, advirtiendo que estos casos serán sometidos al pleno para deducir responsabilidad política. De comprobarse la usurpación, se establece la nulidad absoluta de los actos, resoluciones y votaciones en las que haya participado el legislador en esa condición.
Con la eliminación del Fondo Social Departamental, el Congreso Nacional pone fin a uno de los mecanismos más cuestionados de la administración pública hondureña y abre paso a un modelo que apuesta por mayor control, transparencia y supervisión institucional en el uso de los recursos del Estado.
Redacción: Forum News