La iniciativa fue impulsada desde la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Secretaría de Trabajo, luego de identificar una alta cantidad de casos en la jurisdicción laboral que presentaban errores de origen y que terminaron en fallos adversos para el Estado. Según explicó el funcionario, muchas de esas deficiencias resultaron insalvables al momento de ejercer la defensa institucional.
El impacto económico ya era significativo. “Tenemos un daño emergente de mil novecientos millones, que ya se pagaron mil doscientos mediante un embargo que se hizo a las cuentas del Estado”, detalló. Esa situación, agregó, comprometió la liquidez gubernamental y profundizó la presión sobre el presupuesto público.
El manual fue concebido como una guía técnica y jurídica que establecería un procedimiento claro, ordenado y verificable para la ejecución de despidos en el sector público, sustentado en el Código del Trabajo y respetando los derechos de los empleados. La finalidad fue reducir el margen de error administrativo que, en el pasado, derivó en condenas millonarias.
Aspra indicó que la normativa también permitiría delimitar responsabilidades. “Vamos a identificar si funcionarios han incurrido en error o en dolo, para poder repetir contra ellos y resarcir el daño que se le ha causado al Estado”, reiteró. En ese sentido, la PGR anunció que revisaría expedientes relacionados principalmente con instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), donde se concentraron varios de los fallos judiciales adversos.
El incumplimiento del manual generaría responsabilidad directa para los funcionarios que autoricen procesos fuera del marco legal establecido. Con esta medida, la Procuraduría buscó no solo ordenar los procedimientos internos, sino también evitar que futuras administraciones heredaran una contingencia fiscal similar a la que actualmente enfrenta el Estado hondureño.
Redacción: Forum News