El índice mide la percepción sobre el nivel de corrupción en el sector público, tomando como referencia análisis de expertos y encuestas especializadas. La escala va de 0, que representa altos niveles de corrupción, a 100, que indica mayor transparencia. Con 22 puntos, Honduras se sitúa nueve puntos por debajo del promedio de Centroamérica, que es de 31.
Los resultados muestran que el bajo desempeño no es reciente. Desde 2017, el país no ha logrado superar el umbral que lo saque del grupo de naciones con mayores problemas de integridad pública. Aunque en 2015 y 2016 alcanzó más de 30 puntos, esos avances no se sostuvieron en el tiempo y no derivaron en reformas estructurales que consolidaran mejoras duraderas.
Organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) sostienen que la falta de transformaciones profundas en el sistema de control y supervisión del Estado explica el estancamiento. Señalan que la debilidad institucional y la ausencia de contrapesos efectivos han permitido que prácticas irregulares se mantengan sin consecuencias proporcionales.
El informe también refleja el impacto concreto de la corrupción en la vida nacional. La incapacidad para frenar la captura de recursos públicos y garantizar procesos transparentes afecta la prestación de servicios básicos y limita la inversión en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad, lo que repercute directamente en la población más vulnerable.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENNE). Entre 2022 y 2025, la estatal acumuló pérdidas cercanas a los 46 mil millones de lempiras y registra una deuda superior a los 114 mil millones. Esta situación ha obligado al Estado a realizar transferencias constantes para sostener el sistema eléctrico, reduciendo el margen fiscal para otras necesidades urgentes.
De acuerdo con señalamientos de la sociedad civil, la crisis de la empresa energética no responde únicamente a factores técnicos o financieros. También se vincula con deficiencias en los mecanismos de supervisión, falta de transparencia en contratos y decisiones administrativas cuestionadas que han debilitado aún más las finanzas públicas.
En el contexto regional, Honduras supera únicamente a Nicaragua, que obtuvo 14 puntos. Se ubica por debajo de Guatemala con 26, El Salvador con 32 y Panamá con 33, y muy distante de Costa Rica, que alcanzó 56 puntos. Esta comparación evidencia una brecha significativa respecto a varios países vecinos y refuerza la percepción de rezago institucional.
Transparencia Internacional advierte que el deterioro de la integridad pública forma parte de una tendencia global marcada por democracias debilitadas y restricciones al espacio cívico. Sin embargo, también destaca que algunos países han logrado mejorar mediante el fortalecimiento de instituciones independientes, la aplicación efectiva de justicia en casos relevantes y políticas sostenidas de rendición de cuentas.
Para Honduras, el desafío es claro. El puntaje de 22 puntos no solo representa una cifra en un ranking internacional, sino un indicador de la fragilidad institucional y de la pérdida de confianza ciudadana. Sin reformas de fondo, controles verdaderamente independientes y sanciones efectivas, el país difícilmente podrá revertir una tendencia que limita su desarrollo y profundiza la desigualdad.
Redacción: Forum News