La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a recibir los primeros expedientes sancionatorios contra candidatos que participaron en las elecciones primarias de 2025 y que no presentaron sus informes de gastos de campaña, un proceso que podría implicar un impacto financiero de 120 millones de lempiras para el Estado.
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) remitió inicialmente 500 de los 1,475 expedientes que documentan irregularidades cometidas por aspirantes a cargos municipales y legislativos, según informó la comisionada Ivonne Ardón.
“Estamos hablando de 1,475 expedientes sancionatorios que corresponden a alcaldías y diputaciones; no hay sanciones para candidatos presidenciales en estas primarias de 2025”, aclaró Ardón durante la entrega de los documentos al procurador general, Dagoberto Aspra, encargado de hacer efectivas las medidas.
La funcionaria detalló que las multas asociadas a estos procesos están escalonadas según el nivel del cargo: cinco salarios mínimos para candidatos a corporaciones municipales y diez salarios mínimos para aspirantes a diputados. “Sumadas, representan un impacto económico de 120 millones de lempiras que la PGR deberá ejecutar”, explicó Ardón.
El envío de los expedientes forma parte de un procedimiento administrativo que busca garantizar la rendición de cuentas sobre el financiamiento de las campañas durante los comicios internos del año pasado. La UFTF subraya que este proceso no solo cumple con la normativa electoral, sino que también establece precedentes para fortalecer la transparencia en futuros comicios.
El procurador Dagoberto Aspra destacó la importancia de que los candidatos cumplan con sus obligaciones financieras. “Estos procesos son fundamentales para que la ciudadanía tenga confianza en la integridad de quienes aspiran a representarles en cargos públicos”, afirmó.
La comisionada Ardón reiteró que, además de sancionar, la iniciativa busca sensibilizar a los políticos sobre la importancia de declarar sus gastos y evitar prácticas irregulares que afecten la legalidad del proceso electoral.
De los 1,475 expedientes, la UFTF continuará remitiendo los restantes a la PGR en las próximas semanas, con el objetivo de que todas las sanciones sean tramitadas de manera efectiva y conforme a la ley.
Con este procedimiento, las autoridades hondureñas buscan establecer un mecanismo sólido para fiscalizar la conducta de los aspirantes y garantizar que las campañas políticas se desarrollen bajo estándares de transparencia y responsabilidad financiera.
Redacción: Forum News