El Ministerio Público presentó el martes un requerimiento fiscal contra funcionarios, exfuncionarios y particulares ligados a la Alcaldía de San Pedro Sula, a quienes acusó de integrar una red de corrupción que defraudó más de 45.5 millones de lempiras mediante 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD.
Según la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), entre julio de 2023 y abril de 2024 se fraccionaron contratos, se incumplieron obras y se simularon procesos de licitación, lo que dejó cuantiosas pérdidas a la municipalidad sampedrana. Entre los señalados figuraban el exfuncionario Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, así como actuales empleados municipales como Osman Chávez, Denis Paz Martínez, Xavier Lacayo Delgadillo y Luis Enrique Saa, entre otros.
En la tarde del martes, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó que la Policía había capturado a nueve de los señalados por el Ministerio Público. Horas más tarde, en San Pedro Sula, fue detenido el décimo implicado, Xavier Lacayo Delgadillo. Además, Olga Estela Ávila, Luis Fernando Hernández, Malcon Jonathan Morales y Andrea Fabiola Perdomo fueron enviados a la cárcel de Támara tras dictárseles detención judicial.
El caso generó fuerte repercusión política, ya que entre los acusados está Steven Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras y considerado uno de sus principales operadores. El edil reaccionó afirmando: “Este ataque contra mi familia es un ataque político, un ataque contra la democracia de Honduras. La intención es inhabilitarme. Están instrumentalizando la justicia”.
Las reacciones no se hicieron esperar. La abogada y miembro del Partido Liberal, Maribel Espinoza, cuestionó la oportunidad de la acusación a solo 68 días de las elecciones: “¿Será que buscan eliminar adversarios políticos mediante la judicialización de la política?”, se preguntó.
El diputado Carlos Umaña, Yani Rosenthal y Jorge Cálix expresaron solidaridad con Contreras, mientras que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, cuestionó: “Mientras el fiscal general sea el sobrino de la candidata presidencial... ¿De qué justicia hablamos?”. La Juventud Liberal también denunció que mientras casos como IHSS y SEDESOL permanecían impunes, el oficialismo actuaba contra la oposición.
El expediente judicial no solo destapó un presunto fraude en la administración municipal, sino que también se convirtió en un nuevo frente de batalla política, a pocas semanas de que los hondureños acudan a las urnas.
Redacción Forum News