Bocanegra detalló que las investigaciones corresponden a hechos que, según su criterio, pueden ser considerados actos de corrupción. “Son 41 líneas de investigación que hemos detectado, a las que ya se les ha dado la respectiva resolución”, explicó el funcionario.
De acuerdo con el titular del IP, los casos incluyen irregularidades como alteración de viáticos por parte de empleados de la institución, falsificación de firmas y sellos por notarios públicos, y manipulación de instrumentos oficiales.
Entre los señalados figuran el diputado liberal Jorge Cálix y el exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz, quien desempeñó ese cargo durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Bocanegra sostuvo que las denuncias buscan establecer responsabilidades penales, civiles y administrativas derivadas de las irregularidades detectadas.
En las últimas horas, el funcionario también hizo público un presunto cheque que, según él, vincularía a la esposa del diputado Cálix, Camila Agüero, con los fondos de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).
A través de sus redes sociales, Bocanegra publicó una fotografía del supuesto documento, afirmando que la cónyuge del parlamentario habría recibido pagos indebidos de fideicomisos administrados por dicha unidad.
“Don Jorge Cálix no le va a tocar encerrarse solito (en Támara), también lo va a acompañar su esposa porque hasta ella recibió cheques de la unidad coordinadora UCP”, escribió el director del IP en su publicación.
Por su parte, Cálix ha manifestado en ocasiones anteriores que si el Ministerio Público encuentra alguna prueba en su contra, se entregará voluntariamente a las autoridades y acudirá por cuenta propia a la Penitenciaría Nacional de Támara. Asimismo, a través de su cuenta de X respondió diciendo "¿Cuál es el miedo?", dando a entender que todo esto es una campaña de desprestigio a su persona por parte del oficialismo.
Este cheque, aclaró Calix hoy día en vivo, temprano en HCH, corresponde a prestaciones calculadas por el Ministerio de Trabajo, mostrando su debida documentación de dicha secretaría, junto con una certificación que muestra de donde salieron los fondos para dicho pago, al igual que mencionó los funcionarios quienes firmaron y autorizaron el mismo.
Bocanegra ha reiterado que las denuncias presentadas ante el Ministerio Público forman parte del compromiso institucional por transparentar la gestión pública y esclarecer el manejo de los recursos del Estado. Asimismo, insistió en que será el sistema de justicia el encargado de determinar las responsabilidades correspondientes, subrayando que “ningún funcionario ni familiar debe estar por encima de la ley”.