Cardona, quien dirigió la SEDESOL hasta mediados de 2025, confirmó la suspensión a través de sus redes sociales, señalando que “recibimos el día de ayer providencia de la Fiscalía que lleva el caso SEDESOL, notificándonos que la cita de declaración voluntaria se pospone”. Aunque no se precisó una nueva fecha, el exfuncionario aseguró mantener su disposición de colaborar con la justicia y confió en que el proceso se desarrollará conforme a la ley.
“Como lo hicimos ante el Tribunal Superior de Cuentas, en el marco de la ley y nuestros derechos. Confío en que se esclarecerá este asunto”, expresó Cardona, quien enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en la ejecución de fondos públicos mientras estuvo al frente de la institución.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, rechazó las versiones que apuntan a una persecución política en torno a los casos de corrupción y garantizó imparcialidad en las investigaciones. “No hay selectividad; todos deben responder ante la ley”, afirmó. Zelaya adelantó que Cardona deberá presentarse ante el MP en los próximos días para rendir declaración en el marco de las pesquisas.
El Ministerio Público reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto al debido proceso, asegurando que las diligencias continuarán hasta determinar responsabilidades. Según fuentes internas, la investigación busca establecer si existió uso indebido de fondos destinados a proyectos sociales que habrían sido canalizados con fines políticos.
El “Caso SEDESOL” salió a la luz en junio de 2025, cuando se revelaron presuntas irregularidades en la distribución de recursos públicos. Las indagaciones apuntan al supuesto desvío de dinero hacia actividades vinculadas al Partido Libertad y Refundación (Libre).
El escándalo se intensificó tras la filtración de un video en el que aparecen el entonces ministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar, del departamento de Copán, coordinando la entrega de cheques de 100 mil lempiras para “equipar coordinaciones políticas”.
La difusión del material audiovisual provocó una fuerte reacción social y política que derivó en la renuncia de Cardona al cargo. En respuesta, la Secretaría de Transparencia inició una verificación física de los proyectos beneficiados con los fondos señalados, con el propósito de confirmar si los recursos fueron aplicados conforme a la normativa.
Actualmente, las investigaciones siguen abiertas y el caso continúa siendo uno de los más relevantes en la agenda judicial hondureña, tanto por su impacto político como por las implicaciones que podría tener en la rendición de cuentas dentro de la administración pública.