García, fundadora del grupo Ecuménicas por el Derecho a Decidir, advirtió que el aumento de estos hechos ocurre pese a las reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional para endurecer las medidas contra los femicidios. A su criterio, las modificaciones legales no han logrado traducirse en una reducción de los casos ni en una respuesta efectiva por parte de las instituciones responsables de investigar y llevar ante la justicia a los responsables.
“De nada sirve incrementar penas si no hay resultados”, sostuvo la defensora, al cuestionar la falta de avances institucionales frente a los crímenes cometidos contra mujeres. Para García, la situación refleja que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para enfrentar el problema y garantizar protección a las víctimas.
La representante feminista también señaló que la impunidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para combatir la violencia contra las mujeres. De acuerdo con sus estimaciones, alrededor del 95 % de los casos de muertes violentas permanece en la impunidad, una situación que, según explicó, evidencia las dificultades existentes para lograr investigaciones y procesos judiciales efectivos.
La incidencia de estos hechos no se limita a una determinada zona del país. Aunque Francisco Morazán y Cortés mantienen una importante cantidad de casos, García destacó que Lempira y Copán han adquirido relevancia durante este año debido al incremento registrado. La defensora consideró que este comportamiento demuestra la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y protección en distintas regiones de Honduras.
“Los femicidios hoy no tienen edad, no tienen clase”, declaró García, al advertir que la violencia afecta a mujeres de diferentes edades y condiciones sociales. En ese sentido, consideró que las cifras muestran un escenario de indefensión que requiere una respuesta más amplia por parte de las autoridades y no únicamente modificaciones al marco penal.
Ante este panorama, García planteó que el Gobierno debería valorar la declaración de un estado de emergencia para reforzar la protección de la vida de las mujeres. La propuesta contempla una respuesta institucional que vaya más allá del aumento de penas y permita enfrentar la impunidad, fortalecer la prevención y reducir la incidencia de hechos violentos contra las mujeres en Honduras.
Redacción: Forum News