Las diligencias están a cargo de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (FEPRODDHH), que en las próximas horas solicitará la comparecencia de la autoridad judicial responsable del proceso para obtener su declaración formal y conocer directamente las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos denunciados.
El MP informó que la investigación se desarrollará de manera objetiva e independiente, conforme a los procedimientos establecidos por la ley, con el propósito de determinar si existen elementos que sustenten la posible comisión de los delitos de obstrucción de la justicia y tráfico de influencias. "Estos hechos serán investigados de manera objetiva e independiente conforme a los procedimientos legales establecidos", señaló la institución en sus redes sociales.
La denuncia fue respaldada por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) y la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodehu), organizaciones que alertaron sobre las presuntas presiones contra el juez. La Fiscalía deberá establecer si los señalamientos tienen fundamento y si durante las diligencias surgen elementos que permitan determinar responsabilidades.
La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial, Ana Cardona, manifestó su respaldo al funcionario judicial y recordó que los jueces deben ejercer sus funciones sin recibir presiones. "Todo juez debe actuar de forma objetiva y sin ningún tipo de presiones tal y como lo establece la ley. Los jueces nos debemos a lo que establece la Constitución", afirmó.
Cardona también condenó cualquier intento de presión o manipulación contra el juez y aseguró que tendrá el acompañamiento de la asociación. Por su parte, el presidente de la Asociación de Empleados del Poder Judicial, Kevin Castro, sostuvo que si se comprueba la existencia de amenazas, deberá presentarse un requerimiento contra la persona responsable.
El caso se desarrolla mientras avanzan las acciones penales contra Roosevelt Hernández por hechos relacionados con su gestión militar. En marzo de 2026, el MP inició diligencias prejudiciales vinculadas con denuncias presentadas durante ese período y el 29 de julio presentó un requerimiento fiscal contra el exjefe militar por presuntos ataques contra la libertad de prensa. Organizaciones defensoras de derechos humanos habían pedido mayor rapidez en estas investigaciones. Ahora, el MP deberá determinar si las denuncias sobre supuestas presiones contra el juez tienen fundamento y si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades por obstrucción de la justicia o tráfico de influencias.
Redacción: Forum News