La legislación, denominada Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, contempla condenas de 30 a 40 años de prisión para quienes integren estas organizaciones. En el caso de cabecillas, directivos, promotores y financistas, las sanciones pueden alcanzar la privación de libertad de por vida, al igual que para quienes recluten a menores de edad para incorporarlos a estos grupos.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó la publicación de la normativa y manifestó su expectativa de que las nuevas disposiciones comiencen a reflejar resultados. «A partir de esta publicación que ya salió hace un par de minutos en el diario oficial La Gaceta se empiecen a dar resultados», expresó ante los medios de comunicación.
Reformas amplían facultades de investigación y sanciones
Entre los cambios también figura la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar el requerimiento fiscal después de determinadas detenciones. Asimismo, se incorporan disposiciones para fortalecer los allanamientos, las operaciones coordinadas entre las instituciones de seguridad y los controles en los centros penitenciarios, además de modificar las condiciones de reclusión de personas vinculadas con estas organizaciones.
Zambrano también se refirió a las medidas relacionadas con los tatuajes que hacen alusión a estructuras criminales y su utilización en los procesos judiciales. «Los mareros, los terroristas con el tatuaje alusivo a sus grupos criminales, va a ser suficiente prueba para llevarlo ante los tribunales de la República. Y los cabecillas de esos grupos y a las personas de esos grupos que utilizan también menores de edad, esas penas va a ser de 40 años a privación de libertad de por vida», afirmó. La normativa también contempla sanciones por grafitis y símbolos utilizados para identificar o representar a estos grupos.
El titular del Legislativo sostuvo que las reformas buscan responder a las exigencias de seguridad de la población hondureña y aseguró: «Desde el Congreso no vamos a descansar hasta que Honduras viva en paz y en seguridad. Eso es lo que está reclamando el país, eso es lo que está pidiendo el pueblo hondureño». Estas disposiciones complementan el Decreto 208-2026, publicado en septiembre, que estableció un régimen especial de reclusión y medidas de seguridad para integrantes de maras, pandillas y asociaciones terroristas. Con la publicación de la nueva ley, las instituciones de seguridad y justicia deberán aplicar las medidas correspondientes en la investigación, persecución y sanción de estos delitos.