El decreto autoriza al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y al Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) para poner en marcha programas extraordinarios destinados a productores con créditos en mora o vencidos. Estas instituciones podrán aplicar procesos de readecuación y refinanciamiento de obligaciones financieras para quienes han sido afectados por factores externos que han reducido su capacidad de producción y cumplimiento de pagos.
La normativa surge como una respuesta a los problemas que enfrenta el sector agropecuario debido al impacto del cambio climático, el incremento en los costos de producción, el aumento del precio de los combustibles y las dificultades para acceder a financiamiento. La ley fue propuesta por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, e incorpora medidas adicionales como subsidios estatales para seguros agrícolas de granos básicos y facilidades para la compra de terrenos rematados por parte de productores que continúen activos.
Dentro de los requisitos establecidos para acceder a la readecuación de capital, los beneficiarios deberán cancelar únicamente los intereses regulares calculados a 90 días, los cuales serán liquidados conforme a la tasa pactada originalmente en el crédito. Una vez cumplido este procedimiento, los productores podrán acogerse a las nuevas condiciones financieras contempladas en la legislación.
“Una vez cumplido dicho requisito, las readecuaciones se efectuarán bajo las condiciones financieras siguientes: tasa de interés máxima del 2 % anual; plazo de 15 años, el cual podrá reducirse a solicitud expresa del prestatario; período de gracia máximo de un año, pudiendo ser menor a petición del prestatario”, establece la normativa publicada en La Gaceta.
Además, la ley contempla condiciones para la entrega de nuevos créditos por parte de Banadesa y Senprende, ya que los productores deberán contratar un seguro agropecuario que cubra el 100 % del área financiada cuando no dispongan de sistemas de riego. Esta disposición busca brindar respaldo ante posibles afectaciones que puedan comprometer las áreas de producción financiadas.
Como parte de este esquema de apoyo, el Gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), podrá subsidiar hasta el 80 % del valor de la prima del seguro agropecuario. Con la entrada en vigor de esta ley, las autoridades buscan facilitar alternativas financieras para productores afectados y promover la continuidad de actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas que forman parte de la economía nacional.
Redacción: Forum News