El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, denunció que el expresidente Juan Orlando Hernández habría intimidado a representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II, luego de que la institución respaldara la solicitud de detención judicial planteada por el Ministerio Público, al considerar que existen riesgos para el avance de la investigación.
Según Aspra, uno de los representantes legales de la PGR recibió expresiones que calificó como amenazas por parte del exmandatario. El funcionario explicó que, de acuerdo con el informe presentado por los procuradores presentes en la diligencia, Hernández se dirigió al coordinador del área penal de la institución con frases intimidatorias.
«Le dijo: “Mírame los ojos, a vos te estoy hablando, a vos te voy a dar una lección” y al retirarse les dijo que se cuidaran», relató Aspra, quien aseguró que varias personas presenciaron el momento.
Ante esta situación, el titular de la PGR anunció que será él quien comparezca en la audiencia inicial prevista para el próximo 12 de agosto, al señalar que no expondrá nuevamente a sus colaboradores. Indicó que los abogados que participaron en la audiencia son profesionales jóvenes y que busca evitar que enfrenten presiones durante el ejercicio de sus funciones.
«Voy a ver si este señor tiene el valor de amenazarme a mí, así como amenazó a mis procuradores», expresó Aspra, quien también rechazó que la actuación de la institución tenga motivaciones políticas.
El procurador afirmó que la PGR únicamente cumple con su mandato constitucional de defender los intereses patrimoniales del Estado y sostuvo que su postura responde al papel de la institución dentro del proceso judicial. «Él cree todavía que tiene una posición de poder y que todas las personas tienen que doblegarse a sus posiciones. Pero yo no le tengo miedo», manifestó.
Respecto a la medida cautelar solicitada, Aspra explicó que respaldaron la detención judicial debido a que consideran que Hernández podría representar un riesgo para el desarrollo del proceso, tomando en cuenta la influencia que, según indicó, mantiene por la posición de poder que ocupó durante más de dos décadas.
Por su parte, el Ministerio Público confirmó que mantiene su condición de ente acusador en el caso Pandora II y reiteró que durante la audiencia de declaración de imputado solicitó la detención judicial de Hernández, al considerar la gravedad de los delitos atribuidos y el posible riesgo de obstaculización de la investigación.
La Fiscalía aseguró que actúa bajo independencia técnica y funcional, conforme a su mandato constitucional, y adelantó que en la audiencia inicial del 12 de agosto de 2026 presentará ante el juez los elementos de prueba que respaldan la acusación, en cumplimiento del Código Procesal Penal.
Aspra detalló que la imputación establece que 62 millones de lempiras habrían sido canalizados mediante fundaciones hasta llegar a estructuras políticas relacionadas con el exgobernante. «Yo represento a la víctima. A la víctima le sacaron 62 millones de lempiras y nuestro interés es recuperar ese dinero porque hubo un daño patrimonial al Estado», afirmó.
El caso también generó reacciones en Estados Unidos. El congresista Jamie Raskin calificó a Hernández como un «peligroso criminal» y cuestionó el indulto concedido por el presidente Donald Trump, al que llamó un «repudiado perdón».
Finalmente, el procurador señaló que la acusación contra Hernández plantea una responsabilidad distinta a la de otros procesados en Pandora I y Pandora II, como el expresidente Porfirio Lobo Sosa, debido a que, según la investigación, los fondos habrían llegado directamente a movimientos políticos bajo su control.
Redacción: Forum News