Castellanos cuestionó que los recursos estatales no siempre se traduzcan en mejores servicios para los ciudadanos. En su análisis, fondos que deberían destinarse a hospitales, medicamentos, escuelas y otras necesidades terminan siendo utilizados para intereses particulares, mientras una parte importante de la población continúa enfrentando condiciones de precariedad.
La directora del CNA también puso el foco en la inseguridad que enfrentan quienes buscan generar ingresos por cuenta propia. Señaló que los pequeños comerciantes y trabajadores como los taxistas están expuestos a la extorsión y la delincuencia, una situación que dificulta la posibilidad de sostener o hacer crecer sus actividades económicas.
A criterio de Castellanos, las dificultades también tienen una raíz educativa. Consideró que un sistema público obsoleto y con limitadas herramientas técnicas reduce las posibilidades de las nuevas generaciones y puede mantenerlas expuestas al clientelismo y a la dependencia política.
El panorama descrito por la abogada incluye además una fuerte desigualdad entre las condiciones que enfrenta la población y las de quienes ocupan posiciones de poder. Mientras miles de familias buscan alternativas para subsistir e incluso migran en busca de oportunidades, Castellanos cuestionó el gasto destinado a planillas, viáticos y propaganda.
“La pobreza en Honduras no es una maldición geográfica”, afirmó Castellanos, quien sostuvo que el 61.1 % registrado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe interpretarse como una señal de los problemas acumulados en el país y no únicamente como una cifra.
Para la directora del CNA, el desafío pasa por enfrentar las prácticas que, desde su perspectiva, han permitido que la corrupción y otras deficiencias del Estado profundicen las condiciones de vulnerabilidad. El dato de pobreza, señaló, expone una realidad que afecta directamente las oportunidades de las familias hondureñas.