El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, aseguró que existe disposición para acompañar las medidas que requieran las instituciones encargadas de combatir a estos grupos, tanto en materia normativa como en asignación de recursos. “Hay una voluntad política de todas las instituciones de seguridad para luchar contra la criminalidad”, afirmó.
El respaldo legislativo parte de las reformas al Código Penal aprobadas meses atrás, que otorgaron al CNDS la facultad de catalogar formalmente como organizaciones terroristas a estructuras criminales señaladas de amedrentar, extorsionar y atentar contra la vida de la ciudadanía. Con base en estas modificaciones, durante la última convocatoria del Consejo se formalizó la declaratoria de amenaza terrorista para tres grupos delictivos.
Entre las herramientas que se prevé impulsar desde el hemiciclo legislativo figura una reforma orientada a establecer un régimen especial de comunicación para integrantes de grupos terroristas y reos de alta peligrosidad recluidos en los centros penales del país. La propuesta contempla sustituir el régimen de comunicación abierto que actualmente mantienen con familiares, amigos y abogados por controles más estrictos.
Otra de las medidas planteadas permitiría trasladar a módulos de máxima seguridad a integrantes de estructuras de criminalidad organizada vinculadas con grupos declarados terroristas, incluso cuando todavía no cuenten con una sentencia condenatoria y permanezcan sometidos a un proceso judicial.
A estas disposiciones se suma el alcance operativo que adquiere la nueva categorización jurídica, debido a que los delitos atribuidos a estas estructuras pasan a estar bajo la figura de flagrancia permanente. Esto habilita a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para ejecutar capturas e intervenciones sin una limitación temporal, mientras el Congreso se prepara para respaldar estas acciones con las leyes, el presupuesto y los instrumentos que requieran los operadores de seguridad y justicia.