De acuerdo con la información oficial, únicamente dos compañías presentaron ofertas formales para adquirir la aeronave: una empresa mexicana y otra hondureña. Aunque ocho empresas mostraron interés en participar en la subasta, varias desistieron de continuar en el procedimiento o no lograron completar los requisitos establecidos para presentar una propuesta oficial. Tras el análisis correspondiente, las autoridades determinaron que la oferta de la firma mexicana era la que reunía las condiciones requeridas para concretar la adjudicación.
La recepción de ofertas se desarrolló la mañana del viernes bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE). Como parte del procedimiento, las empresas interesadas debieron adquirir previamente el pliego de condiciones y varias realizaron inspecciones técnicas de la aeronave en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa, con el objetivo de conocer las condiciones del avión antes de presentar sus propuestas económicas.
Sedena informó que el proceso contó con la supervisión de un Comité de Subasta y Veeduría integrado por personal de la institución, además del acompañamiento de representantes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y de la Procuraduría General de la República (PGR). Las autoridades indicaron que la participación de estos organismos permitió garantizar la transparencia y legalidad durante la evaluación y adjudicación de la aeronave presidencial.
El secretario de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, informó que los recursos obtenidos mediante la venta del avión presidencial serán destinados al fortalecimiento del sistema de salud. Con la adjudicación del Embraer Legacy 600 finalizó el proceso de subasta pública internacional, tras completar las etapas establecidas para la venta de la aeronave estatal.
El Embraer Legacy 600 ha estado envuelto en cuestionamientos desde su adquisición en 2014, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. La compra de la aeronave fue valorada en aproximadamente 14 millones de dólares, y aunque en un inicio, se informó que había sido obtenida mediante una donación del Gobierno de Taiwán, posteriormente trascendió que los recursos utilizados para la compra provenían de la Tasa de Seguridad, lo que desató críticas por la falta de transparencia en la operación.
Redacción: Forum News