El informe anual, presentado en Tegucigalpa por su representante Juan Carlos Monge, señala que el estado de excepción estuvo vigente desde diciembre de 2022 hasta el 26 de enero de 2026, con 24 prórrogas. Durante ese período, advierte, se amplió la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad debido a la flexibilización de controles judiciales.
La Acnudh documentó afectaciones a 24 personas, entre ellas tres mujeres, en allanamientos y detenciones sin orden judicial. El balance atribuye a cuerpos militares y policiales ocho desapariciones forzadas, cinco casos de tortura y malos tratos, tres ejecuciones extrajudiciales, dos muertes bajo custodia y seis detenciones arbitrarias.
El organismo expresó preocupación por la presunta participación de agentes de seguridad en desapariciones y ejecuciones en zonas con disputas entre estructuras criminales, lo que agrava el riesgo para la población en contextos de violencia.
Monge declaró que durante el estado de excepción “se cometieron varias violaciones de los derechos humanos” y advirtió que la flexibilización de procedimientos generó una “discrecionalidad” en un ambiente “crispado y polarizado” por las elecciones generales del 30 de noviembre, en las que resultó electo Nasry Asfura.
El informe fue presentado ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y subraya “serias deficiencias en la investigación y en la persecución penal” de estos casos. Monge alertó sobre la falta de una “investigación penal integral” y la necesidad de voluntad política y coordinación institucional para enfrentar la impunidad.
La Acnudh también reportó que en 2025 se documentaron 17 muertes violentas de activistas y comunicadores, más del doble que en 2024. Además, señaló que el programa estatal de protección enfrenta desafíos, recordando que doce beneficiarios han sido asesinados en la última década.
El documento advierte desafíos estructurales en el acceso a la tierra, como la falta de un registro unificado y la desactualización de catastros municipales, lo que genera inseguridad jurídica y afecta especialmente a pueblos indígenas y afrodescendientes frente a proyectos extractivos.
Redacción: Forum News