Hasta la fecha, la Secretaría de la Sala Constitucional ha recibido siete acciones entre recursos de inconstitucionalidad y amparos, todos acompañados de solicitudes de admisión pronta, debido a la trascendencia política y jurídica del caso. Sin embargo, ninguno ha sido admitido a trámite, etapa que, según especialistas en derecho constitucional, debió realizarse dentro de las 48 horas posteriores a su presentación.
La exfiscal del Ministerio Público y abogada independiente, Nilia Ramos, expresó su preocupación por la falta de respuesta y llamó a los magistrados a resolver sin dilaciones. “El plazo era de 48 horas. Les hago un llamado, con todo respeto, a los magistrados de la Sala Constitucional, que resuelvan, que no nos tengan en incertidumbre”, manifestó.
Ante la inacción del máximo órgano constitucional, la abogada Ruth Lafosse, también recurrente en una acción de amparo, acudió nuevamente a la Secretaría de la Sala para aclarar aspectos relacionados con la legitimación activa. Explicó que cualquier ciudadano tiene derecho a interponer este tipo de recursos cuando considera vulnerados principios constitucionales, especialmente cuando se trata de la protección del voto y la alternabilidad en el poder.
“La idea es que la Corte Suprema de Justicia nos tome en cuenta a todos, porque el derecho que se está pidiendo en el amparo es la protección de la materialización del voto para alcanzar la alternabilidad en el poder”, expresó Lafosse, al insistir en que la legitimación no debe interpretarse de forma restrictiva.
Entre las acciones presentadas figura un amparo interpuesto por Hermes Ramírez, en representación del Partido Nacional y del presidente electo Nasry Asfura, con el objetivo de que se respete la declaratoria de elecciones emitida por el Consejo Nacional Electoral. En ese mismo escrito se solicitó la suspensión de las actuaciones realizadas por el presidente del Congreso Nacional y otros diputados durante la sesión celebrada entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de enero.
Ramírez también promovió el primer recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 58-2025, seguido por acciones presentadas por la plataforma Defensores de Honduras, un grupo de diputados de distintas bancadas opositoras y varios abogados particulares. El más reciente fue interpuesto el 14 de enero, elevando a siete el número total de recursos pendientes de resolución.
El decreto 58-2025, aprobado por la bancada del partido Libertad y Refundación y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, ordena repetir el escrutinio de los votos en los tres niveles electivos correspondientes a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, una decisión que mantiene en expectativa al país a la espera de un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional.
Redacción: Forum News