Durante una conferencia de prensa junto a autoridades de seguridad y penitenciarias, Zambrano aseguró que el Legislativo respaldará las medidas necesarias para concretar la obra mediante los mecanismos legales y presupuestarios correspondientes. “Nos vamos a poner del lado del pueblo hondureño”, manifestó al referirse al compromiso de las instituciones involucradas.
El titular del Congreso explicó que las evaluaciones se desarrollan de manera coordinada entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional Penitenciario. Estas instituciones deberán analizar las condiciones técnicas y operativas de los terrenos disponibles antes de seleccionar la ubicación definitiva del nuevo centro.
Evalúan terrenos para la nueva prisión
En La Acequia, las autoridades inspeccionaron un predio de más de 100 manzanas propiedad de la Secretaría de Seguridad, donde existen infraestructura y obras previamente desarrolladas. Zambrano señaló que también hay otras dos o tres opciones de terrenos estatales que serán evaluadas para determinar cuál reúne las mejores condiciones para construir y operar la cárcel.
“Hay terreno, hay inversiones, hay infraestructura y agua potable. A simple vista, miro el lugar óptimo, pero eso lo tendremos que definir en los próximos días”, expresó Zambrano. El proyecto prevé un régimen de máxima seguridad, con controles estrictos y sin privilegios para los privados de libertad, mientras que las autoridades competentes definirán el diseño, la distribución de los módulos y los mecanismos de vigilancia.
El presidente del Congreso también destacó las reformas legales orientadas a fortalecer las herramientas de los cuerpos de seguridad y los operadores de justicia. Entre las medidas mencionó la valoración de tatuajes alusivos a maras y pandillas, los allanamientos en los supuestos establecidos por la normativa y la ampliación de 24 a 48 horas del plazo de detención en los casos contemplados para enfrentar estructuras vinculadas con terrorismo y criminalidad organizada.
Zambrano sostuvo que las instituciones mantienen su compromiso de combatir estos delitos y respaldar las acciones necesarias para fortalecer la seguridad del país. “En esta lucha, la institucionalidad del país, los funcionarios, el Congreso y el Ejecutivo no estamos jugando; le estamos apostando a una lucha efectiva. Aquí no hay retroceso”, afirmó.