La posibilidad de reducir la edad punible en Honduras vuelve a abrir el debate sobre cómo debe responder el sistema de justicia ante los delitos cometidos por adolescentes. El Congreso Nacional inició este miércoles una ronda de consultas con instituciones judiciales y organismos de protección de la niñez para analizar una reforma que contempla endurecer las medidas penales contra menores vinculados a hechos delictivos graves.
La discusión gira en torno a dos alternativas: reducir la edad mínima de responsabilidad penal o permitir que jóvenes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos cuando se les atribuyan delitos como extorsión, homicidio, narcotráfico, secuestro, violación y crimen organizado. Otra opción plantea aumentar la duración de las sanciones sin sacar a los adolescentes del sistema especializado de justicia juvenil.
Actualmente, en Honduras, la responsabilidad penal juvenil comienza a los 12 años, y los adolescentes de entre 12 y 17 años son procesados bajo un régimen diferenciado del sistema penal para adultos. En el contexto de la discusión legislativa, se ha señalado que el país registra 163 adolescentes condenados, mientras los promotores de la reforma sostienen que las estructuras criminales aprovechan las diferencias entre ambos sistemas para involucrar a menores en actividades delictivas.
Congreso escucha a instituciones antes de dictaminar
La Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor comenzó la socialización de las medidas con representantes de la Defensa Pública de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) y la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Ada María Mejía.
La presidenta de la comisión, la diputada liberal por Cortés Alejandra Vallecillo, explicó que el propósito de las reuniones es conocer las posturas de los distintos sectores y examinar las propuestas antes de elaborar el dictamen correspondiente. “Vamos a escucharlos y analizar las propuestas que traen en este tema específico de la edad punible y de menores infractores”, manifestó.
Durante las conversaciones también se examinan los alcances de las medidas de seguridad impulsadas por el Legislativo. La propuesta todavía se encuentra en una etapa de análisis y socialización, por lo que las consultas buscan recoger los criterios de las instituciones que intervienen en la justicia penal y la protección de menores.
Diputados justifican cambios por el uso de menores en delitos
La diputada liberal Sarai Espinal defendió la reducción de la edad punible al señalar que algunas estructuras criminales utilizan a adolescentes para cometer delitos y se aprovechan de las diferencias entre el régimen juvenil y el de adultos.
“Algunas estructuras criminales están utilizando a menores de edad para cometer delitos, aprovechando la diferencia entre el sistema penal juvenil y el de adultos”, declaró la congresista, quien también cuestionó el alcance de la protección que reciben los responsables de delitos graves frente a los derechos de las víctimas.
Espinal hizo referencia a homicidios vinculados con la extorsión y agresiones sexuales contra menores para respaldar su postura. La diputada pidió avanzar con la reforma presentada desde el inicio de la legislatura, bajo el argumento de que los jóvenes involucrados en hechos graves deben responder por sus actos.
Por su parte, el diputado y secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, también consideró necesario debatir una modificación de la normativa. Sin embargo, sus declaraciones fueron más allá de la discusión sobre las sanciones penales, al cuestionar el papel de los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia.
“Si el derecho humano protege más al delincuente que al ciudadano, yo soy partidario que quitemos los derechos humanos”, expresó Cabrera al plantear su posición sobre la relación entre las garantías fundamentales y el combate a la criminalidad.
Poder Judicial advierte sobre compromisos internacionales
El presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, señaló que el pleno de magistrados de la CSJ no ha discutido la reducción de la edad punible y manifestó dudas de que el tema sea incorporado en la agenda de esta semana. Asimismo, recordó que Honduras ha suscrito tratados y convenios internacionales que deben tomarse en cuenta al considerar cambios en la responsabilidad penal de niños y adolescentes.
“Volver a abordar el tema de la edad punible no es nada fácil, eso implica renunciar a una buena cantidad de tratados internacionales que Honduras ha firmado”, advirtió Vallecillo, quien subrayó la importancia de respetar el principio del interés superior del menor.
La oposición a reducir la edad mínima de responsabilidad penal también ha sido expresada por organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas y el Conadeh, que recomiendan mantener los estándares internacionales de protección de la niñez. En ese contexto, el abogado Jaime Rodríguez también se refirió a las implicaciones jurídicas de modificar la normativa.
Mientras los diputados favorables a la reforma insisten en la necesidad de responder al uso de menores por parte de estructuras criminales, las advertencias judiciales y de organismos de protección ponen el foco en las obligaciones internacionales del Estado. El proceso de socialización continuará como parte de los pasos previos a la elaboración del dictamen legislativo, sin que la información proporcionada establezca todavía una decisión definitiva sobre los cambios.