El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que el Poder Ejecutivo instruyó a Sefin a buscar el financiamiento necesario. Sin embargo, todavía no se ha establecido el costo de la infraestructura ni se ha confirmado la disponibilidad definitiva de los fondos, por lo que la construcción continúa sujeta a decisiones financieras y técnicas.
“Finanzas nos ha ratificado que el gobierno, el Poder Ejecutivo, le ha dado todas las instrucciones para identificar los recursos, los fondos y el dinero necesario para la construcción de un nuevo centro penal en el país”, expresó Zambrano.
Entre terrenos estatales y un régimen de máxima restricción
El titular del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, confirmó que ya se identificaron posibles ubicaciones para levantar la prisión. Según Zambrano, se analizan entre tres y cuatro terrenos propiedad del Estado, cuya conveniencia será determinada mediante visitas antes de seleccionar el sitio definitivo.
El centro estará destinado a personas vinculadas con estructuras criminales declaradas asociaciones terroristas por las autoridades. El régimen previsto contempla que los reclusos permanezcan sin comunicación, tengan una hora de exposición al sol por semana y dispongan de media hora para hacer ejercicio.
Zambrano sostuvo que estas restricciones buscan evitar que los internos ordenen extorsiones y homicidios desde el centro penitenciario. Asimismo, pidió a la población respaldar la iniciativa, al considerar que responde a un “bien mayor” para contribuir al control de la delincuencia en las calles.
Aunque el Legislativo prevé iniciar las obras a finales de este año, la ejecución dependerá de la identificación de los fondos y de la elección del terreno. Por ahora, las autoridades no han anunciado una fecha exacta para el comienzo de los trabajos ni el presupuesto requerido para construir la nueva cárcel.