Una marca en la piel puede contar una historia personal, guardar un recuerdo o expresar una emoción, pero para las estructuras criminales también puede representar un símbolo de pertenencia. En Honduras, ese significado está en el centro de nuevas reformas que el Congreso Nacional prevé aprobar la próxima semana y que permitirían utilizar tatuajes vinculados con asociaciones terroristas como prueba para acreditar la pertenencia a estos grupos y procesar judicialmente a sus integrantes.
La propuesta forma parte de al menos seis reformas dirigidas a fortalecer las herramientas legales contra las estructuras criminales declaradas terroristas. En medio de estos cambios, el director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, advirtió que las medidas también podrían alcanzar a los tatuadores que colaboren con estas organizaciones, siempre que sus actuaciones cumplan los requisitos establecidos en la normativa.
La advertencia abre una distinción importante: no se trata, según el jefe policial, de perseguir a cualquier persona que lleve tinta en la piel ni de criminalizar el tatuaje artístico. El objetivo señalado por las autoridades son los diseños alusivos a las pandillas que operan en el país, cuyo significado y posible relación con estas estructuras serían determinados mediante labores de investigación e inteligencia.
Tatuadores y abogados también están bajo advertencia policial
La Dirección Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DAET Honduras) aseguró que tiene capacidad para establecer si determinados tatuajes están vinculados con asociaciones terroristas. La institución sostuvo que sus operaciones tácticas cuentan con respaldo investigativo y de inteligencia, y lanzó un mensaje directo contra quienes integren estas organizaciones: «Estén donde estén, los vamos a capturar».
Por su parte, Oseguera Mass advirtió que los tatuadores podrían ser considerados miembros de estructuras criminales si prestan sus servicios a estos grupos y sus acciones reúnen las condiciones que establezca la ley. «Si los tatuadores prestan sus servicios a uno de estos grupos delictivos y sus acciones cumplen los requisitos que la norma establece, serán considerados como miembros, van a ser capturados y se les aplicará el rigor del régimen penitenciario», declaró a Radio América.
Los señalamientos del funcionario también abarcan a los abogados que, según explicó, sobrepasen los límites de su ejercicio profesional para actuar como «peones» de las organizaciones criminales. Oseguera Mass indicó que los equipos de investigación tomarán en cuenta esas conductas como una forma de posible pertenencia a dichas estructuras, en el marco de las nuevas disposiciones que se preparan.
Entre las organizaciones alcanzadas por las medidas figuran la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel del Diablo. La reforma que contempla los tatuajes como elemento para acreditar la pertenencia a asociaciones terroristas todavía está pendiente de aprobación legislativa, prevista para la próxima semana, por lo que su alcance definitivo dependerá del contenido de las disposiciones que apruebe el Congreso Nacional.