Monge señaló que tanto el Congreso Nacional como el Gobierno tienen la facultad y la obligación de establecer los mecanismos necesarios para enfrentar los problemas de seguridad, siempre que sus decisiones se mantengan dentro de las normas vigentes y respeten las garantías fundamentales reconocidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El representante de la OACNUDH advirtió que la seguridad y los derechos humanos no deben considerarse objetivos opuestos, pues la protección de las garantías individuales es fundamental para brindar seguridad a la ciudadanía. “Derechos humanos es lo que permite que la seguridad sea una realidad para la población”, sostuvo, al explicar que la inseguridad limita derechos como la vida, la libertad y el acceso a la justicia.
Asimismo, recordó que el Estado hondureño ha asumido voluntariamente compromisos internacionales que debe cumplir y que sirven de base para las recomendaciones de la oficina. En ese sentido, insistió en que las políticas públicas deben buscar soluciones que permitan a las autoridades cumplir sus responsabilidades sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas.
Monge también planteó la necesidad de que las autoridades, en coordinación con el Ministerio Público, enfoquen sus esfuerzos en identificar y combatir a los principales responsables de los problemas de seguridad, sin limitarse a perseguir a los microtraficantes de los barrios. Reiteró que el cumplimiento de la legislación nacional y de los compromisos internacionales constituye el límite de actuación del Estado.
Redacción: Forum News