El representante del rubro también denunció que los hechos violentos no se limitan a las amenazas económicas, sino que incluyen atentados contra unidades de transporte en la zona norte y situaciones similares en la capital hondureña, lo que ha incrementado el temor entre conductores y empresarios. A su criterio, la falta de resultados contundentes en materia de seguridad ha debilitado la confianza del sector en las instituciones encargadas de combatir estos delitos, al considerar que las acciones implementadas hasta ahora no han logrado frenar el avance de las estructuras criminales.
Cálix cuestionó además el funcionamiento del sistema de justicia y aseguró que muchos de los detenidos por estos delitos recuperan su libertad en poco tiempo, lo que, a su juicio, impide que exista un verdadero combate a la criminalidad. “No puede ser que la Policía capture delincuentes y la Fiscalía o los jueces no hagan su trabajo correctamente. Así no se combate la criminalidad”, manifestó, al tiempo que pidió una respuesta integral por parte del Estado para enfrentar un problema que, aseguró, afecta a miles de familias que dependen del transporte público.
El dirigente sostuvo que la lucha contra la extorsión no puede recaer únicamente en la Policía Nacional y llamó al Gobierno a asumir la problemática como una responsabilidad de Estado. Asimismo, advirtió que las estructuras delictivas cuentan con recursos y equipamiento que, en algunos casos, superan las capacidades de respuesta de las autoridades. Según indicó, el nivel de organización de estos grupos ha permitido que continúen ejerciendo presión sobre las rutas y mantengan bajo amenaza permanente a quienes trabajan en el sector.
La violencia ya ha provocado consecuencias directas en la prestación del servicio, pues varias rutas han dejado de operar debido al temor de los conductores. Entre los recorridos afectados mencionó Zapote Centro, Reparto Arriba y sectores como La Divanna y Universidad Norte. Además, señaló que el número de puntos de taxi autorizados en Tegucigalpa se ha reducido considerablemente, pasando de más de 35 en años anteriores a alrededor de 20 en la actualidad. “Muchas rutas han dejado de trabajar porque los conductores temen por sus vidas. Esto afecta directamente a la población que depende del transporte público”, lamentó.
En el ámbito económico, Cálix afirmó que el sector transporte destina entre 40 y 45 millones de lempiras mensuales al pago de extorsiones, una cifra que ronda los 500 millones al año, a lo que se suman unos 700 millones de lempiras en impuestos relacionados con la tasa de seguridad. El dirigente cuestionó la efectividad de este mecanismo y recordó que desde su creación en 2012 se han recaudado más de 36,900 millones de lempiras, sin que ello se haya traducido en una reducción significativa de la criminalidad, por lo que insistió en la necesidad de replantear las estrategias de seguridad para proteger tanto a los trabajadores del transporte como a los usuarios.
Redacción: Forum News