Honduras — El abogado defensor Juan Sánchez denuncia que su cliente, David Castillo, fue sometido a un extenso interrogatorio por parte de miembros de una comisión investigadora en la Penitenciaría Nacional de Tamara, durante el cual se le habría ofrecido una salida anticipada de prisión a cambio de testimonios que implicaran a la familia Atala en el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres, ocurrido en 2016.
Sánchez señaló que, tras visitar a su cliente en el centro penitenciario de Tamara, Castillo le relató los detalles de una visita inesperada por parte de integrantes de una comisión creada mediante un convenio entre el COPINH, la OEA y el Gobierno de Honduras, supuestamente encargada de investigar a los autores intelectuales del crimen contra Cáceres.
Según el abogado, Castillo fue convocado a las oficinas administrativas del penal, donde fue recibido por miembros de la comisión que no conocía previamente. Un dato que Sánchez consideró de especial relevancia es que ninguna de las personas presentes en el interrogatorio se identificó en ningún momento como miembro del Ministerio Público de Honduras, lo cual, según el abogado, pone en entredicho la legalidad de toda la diligencia y de los ofrecimientos realizados durante la misma.
Sánchez indicó que los integrantes de la comisión presuntamente intentaron ejercer presión emocional sobre Castillo, señalándole el contraste entre su situación de encarcelamiento y la libertad y prosperidad de la que goza la familia Atala. El abogado describió a un miembro argentino de la comisión como particularmente agresivo en su intento de señalar a los Atala como culpables, mientras que un miembro guatemalteco fue caracterizado como comparativamente más objetivo.
También se encontraba presente, según Sánchez, una mujer que Castillo identificó como la persona que había representado al COPINH como apoderada legal en diligencias judiciales realizadas en los Estados Unidos.
El abogado planteó serias objeciones legales respecto a la conducta de la comisión, argumentando que ofrecer beneficios procesales a un privado de libertad a cambio de declaraciones incriminatorias es una facultad reservada exclusivamente a los fiscales del Ministerio Público, conforme al marco constitucional y procesal penal de Honduras.
Al no haberse identificado ninguno de los presentes como fiscal ni funcionario del Ministerio Público, Sánchez sostuvo que los ofrecimientos realizados carecen de todo respaldo legal y podrían constituir acciones enmarcadas en tipos penales contemplados en la legislación hondureña.
A pesar de las horas de interrogatorio y los supuestos incentivos ofrecidos, Castillo le manifestó a su abogado que no tenía nada que declarar ante la comisión, afirmando desconocer cualquier participación de la familia Atala en el asesinato de Cáceres. Reiteró asimismo su postura de que su propia condena es producto de graves irregularidades procesales, incluyendo la presunta falsificación y manipulación de medios de prueba.
Sánchez exige que se tome una declaración formal al señor Castillo para documentar con precisión los detalles del encuentro, argumentando que los derechos fundamentales de su cliente — amparados por la Constitución hondureña y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras — deben ser salvaguardados independientemente de su condición procesal actual.