A través de un comunicado oficial, la autoridad monetaria señaló que respeta la independencia de los organismos encargados de la investigación y administración de justicia, al tiempo que expresó su disposición de colaborar con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos conforme a la legislación vigente.
“Continuará desarrollando sus funciones con absoluta normalidad”, indicó el BCH, al reafirmar que seguirá ejerciendo las responsabilidades que le corresponden como autoridad monetaria y banquero del Estado de Honduras.
La institución también recordó que durante más de 70 años ha desempeñado un papel clave en la estabilidad monetaria, crediticia y cambiaria del país, consolidándose como un organismo técnico orientado a preservar la confianza en el sistema financiero nacional.
En su pronunciamiento, el Banco Central reiteró además su confianza en el Estado de Derecho y en el funcionamiento de las instituciones democráticas. “Reafirma su confianza en el respeto a principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva”, señaló.
El caso involucra a once funcionarios y exfuncionarios del BCH que enfrentan una audiencia judicial tras el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público. Entre los señalados figuran Ana Cristina Oliva Cáceres, exgerente del BCH en San Pedro Sula; Virgilio Antonio Villalobo, exjefe de la División de Operaciones; Aracely O’Hara Guillén, exgerente del BCH; Carlos Fernando Ávila, actual gerente de la institución; Horacio Armando Laínez Pineda, exsubgerente de Operaciones; así como Alex Geovani Caballero, Luis Arturo Avilés Moncada, Edgardo Antonio Álvarez, Williams Edgardo Arévalo y Marco Tulio Nájera.
Según los expertos más allá de los nombres y los cargos, el caso expone una inquietante realidad: cómo fallaron los mecanismos de control en una institución llamada precisamente a resguardar la confianza financiera del Estado.
Mientras avanzan las investigaciones, el BCH manifestó su confianza en que el proceso permitirá determinar objetivamente los hechos y que las decisiones correspondientes serán adoptadas con independencia, transparencia y estricto apego a la ley. El caso representa un nuevo desafío para el sistema de justicia hondureño y mantiene la atención pública sobre una institución considerada fundamental para la estabilidad económica nacional.
Redacción: Forum News