Según lo expuesto por Núñez, los recursos no fueron administrados de forma directa por el Estado, sino canalizados a través de convenios con organismos internacionales, lo que habría permitido evitar procesos de contratación estatal y, a su vez, generó dudas sobre el control del dinero.
El abogado detalló que este mecanismo provocó un vacío en la rendición de cuentas, ya que no existen informes financieros claros que expliquen el destino final de los fondos provenientes de los institutos de previsión.
“El problema no es la contratación del personal extranjero en sí, sino el mecanismo”, afirmó Núñez, al cuestionar la forma en que se manejaron los recursos. Asimismo, la comisión liquidadora plantea interrogantes sobre por qué estos fondos no fueron gestionados directamente por la Secretaría de Salud de Honduras, considerando la magnitud de los presupuestos involucrados.
Los señalamientos también apuntan a una posible falta de transparencia en el manejo de recursos públicos que, en conjunto, superan los mil millones de lempiras dentro de estos sistemas de previsión.
Frente a estas denuncias, el caso será remitido al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que deberá investigar a profundidad y determinar responsabilidades en el manejo de estos fondos.
Redacción: Forum News