El presidente de la comisión parlamentaria encargada de supervisar la implementación de la normativa, el diputado chavista Jorge Arreaza, informó este viernes que 223 personas que se encontraban privadas de libertad han sido liberadas desde que la ley entró en vigor. Además, la medida ha beneficiado a otras 4.534 personas que estaban sujetas a restricciones judiciales mediante medidas cautelares como presentaciones periódicas ante tribunales o limitaciones de movimiento. En total, según el legislador, 4.757 libertades plenas han sido otorgadas a partir de un total de 8.110 solicitudes procesadas hasta ahora por las autoridades competentes.
La Ley de Amnistía fue aprobada la semana pasada por unanimidad en la Asamblea Nacional, de mayoría chavista. Aunque se trata de una norma catalogada como histórica por sus impulsores, su alcance está limitado a casos relacionados con 13 hechos ocurridos en distintos años entre 1999 y 2026, excluyendo otros periodos del extenso lapso y asuntos vinculados a operaciones militares, lo que ha generado críticas de diversos sectores.
Para agilizar la aplicación de la normativa, el Parlamento creó una comisión especial que supervisa el cumplimiento de la ley y evalúa los casos que no están contemplados expresamente en el texto. Esta labor también será apoyada por el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, lanzado en enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han seguido de cerca este proceso. La ONG Foro Penal, que documenta casos de presos por motivos políticos en Venezuela, ha señalado que, a pesar de las cifras oficiales, todavía existen detenidos bajo ese estatus y continúa verificando los datos sobre liberaciones concretas. Según su más reciente balance, se contabilizan cientos de personas detenidas por razones políticas en el país.
Por su parte, el gobierno venezolano sostiene que en el país no existen presos políticos, y asegura que los detenidos beneficiados por la norma habían cometido delitos según la legislación nacional.
La ley establece que los tribunales deben resolver las solicitudes de amnistía en un plazo máximo de 15 días, lo que mantiene en desarrollo la revisión de numerosos casos mientras continúa el debate público sobre el alcance y los efectos reales de la medida.
Redacción: Forum News