La extensión número 48 fue aprobada con 57 de los 60 votos del Congreso, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados. El decreto, avalado sin discusión en el pleno y con dispensa de trámite, mantendrá la suspensión de garantías constitucionales al menos hasta el 27 de marzo.
En el documento aprobado, los legisladores sostienen que el régimen ha permitido una reducción histórica de los homicidios y destacan que durante la actual administración se han acumulado más de 1.140 días sin asesinatos, aunque no de forma consecutiva. También subrayan la detención de más de 91.300 personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales, entre ellas cabecillas y colaboradores.
El oficialismo argumenta que, pese a los resultados reportados, persisten amenazas como vínculos transnacionales, intentos de reorganización de grupos delictivos y actividades ilícitas residuales. Bajo esa premisa, justifican la continuidad del estado de excepción para evitar un eventual repunte de la violencia.
La medida, adoptada originalmente tras una ola de asesinatos que dejó más de 80 víctimas en un fin de semana, implicó la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y amplió el plazo de detención administrativa hasta 15 días. Desde entonces, se ha convertido en el eje central de la estrategia de seguridad del Ejecutivo.
No obstante, organizaciones humanitarias han cuestionado el régimen por presuntas vulneraciones a derechos fundamentales. Más de 6.400 denuncias por detenciones arbitrarias y malos tratos han sido registradas, además de 480 muertes de personas bajo custodia estatal, muchas con indicios de violencia, según reportes de estas entidades.
Redacción: Forum News