La funcionaria explicó que la medida forma parte de una revisión integral del presupuesto general, documento que aún no ha sido remitido al Congreso Nacional debido al impacto de las demandas laborales en las finanzas públicas. Según detalló, estos compromisos legales continúan afectando de manera significativa el equilibrio presupuestario.
“No se ha enviado el presupuesto al Congreso Nacional por el tema de las demandas laborales que con suma preocupación siguen castigando las finanzas públicas”, expresó Mejía al referirse a la presión que enfrentan las arcas del Estado.
Durante la evaluación institucional, dijo, se identificaron dependencias con estructuras sobredimensionadas. Como ejemplo mencionó que en el sistema educativo se habrían otorgado asistencias técnicas a cerca de cinco mil empleados, mientras que otras entidades estratégicas como el Sistema Nacional de Emergencias 911 y el Instituto de la Propiedad también reportan sobrepoblación de personal.
La situación se replica en el Centro Cívico Gubernamental, cuya infraestructura fue diseñada para albergar a nueve mil trabajadores, pero actualmente concentra alrededor de doce mil, lo que, a juicio de la designada, evidencia la necesidad de una reorganización profunda del Estado.
Mejía aseguró que el proceso se desarrollará con respeto a los derechos laborales y que se conformará una mesa técnica encargada de definir los mecanismos de liquidación. Subrayó que el Gobierno priorizará el retiro voluntario como alternativa para evitar mayores obligaciones económicas a futuro.
“Vamos a eliminar 38 instituciones. Vamos a tener un ahorro significativo de más o menos 15 mil millones de lempiras, que va a ayudar para pagar compromisos laborales y para inversión productiva”, afirmó la funcionaria al detallar el impacto financiero estimado de la medida.
La supresión y reorganización institucional se ejecutará mediante decretos y reformas administrativas que serán presentadas en los próximos días, como parte de un proceso que el Ejecutivo describe como una reingeniería integral.
Con esta iniciativa, las autoridades buscan reducir el gasto corriente, eliminar estructuras repetidas y redirigir recursos hacia áreas prioritarias, con la meta de construir una administración pública más eficiente, sostenible y orientada a resultados concretos para la ciudadanía.
Redacción: Forum News