A través de su cuenta en la red social X, Solórzano recordó que ya se había referido a este tema en marzo y sostuvo que los indicadores actuales confirman que Honduras cumple con los parámetros prudenciales y los estándares de Basilea III incorporados en la normativa nacional. Su pronunciamiento busca poner en perspectiva las inquietudes sobre el sector bancario y aclarar las condiciones bajo las cuales operan las instituciones supervisadas.
El funcionario detalló que el Índice de Adecuación de Capital (IAC) alcanza el 14.88%, superando el mínimo de 12.5% exigido, incluido el colchón de conservación establecido en Basilea III. A este indicador se suma una liquidez del 38.15%, mientras que la mora se mantiene en 2.80%, cifras que presentó como respaldo de la capacidad del sistema para atender las obligaciones con los depositantes.
«Lo dije en marzo y hoy lo afirmo con total firmeza: el sistema financiero hondureño cumple con los indicadores prudenciales y con los estándares de Basilea III incorporados en nuestra normativa», escribió Solórzano. También aseguró que «el dinero de la población hondureña está en un sistema sólido, solvente y supervisado».
Además de defender los indicadores bancarios, el comisionado advirtió sobre la difusión de información falsa relacionada con las entidades supervisadas. Señaló que estas publicaciones pueden constituir delitos y derivar en sanciones penales, por lo que pidió a los ciudadanos comprobar la veracidad de los datos antes de compartirlos. Los indicadores financieros pueden consultarse en el portal oficial de la CNBS, cnbs.gob.hn, y en las redes sociales de la institución.
¿Podría Honduras enfrentar una crisis bancaria como la de Paraguay?
La inquietud que ahora rodea al sistema financiero hondureño tiene como referencia lo ocurrido en Paraguay, donde el Banco Central intervino de urgencia a Ueno Bank tras conocerse que la entidad no contaba con el respaldo de capital mínimo exigido por la legislación. La medida incluyó el congelamiento de cuentas bancarias y, según la información proporcionada sobre el caso, afectó a cerca de tres millones de clientes, equivalentes al 60% de la población adulta paraguaya, quienes quedaron sin acceso inmediato a sus ahorros, ingresos y pensiones.
El episodio provocó un fuerte impacto en el país sudamericano y derivó en una crisis política, al poner bajo cuestionamiento la situación de la entidad financiera y la protección de los recursos de sus usuarios. A partir de ese escenario surgieron comparaciones con Honduras, particularmente por las preocupaciones sobre el manejo de fondos públicos y la seguridad de los recursos destinados a pensiones, lo que alimentó interrogantes sobre la posibilidad de enfrentar una situación similar.
Sin embargo, las inquietudes sobre el caso paraguayo no constituyen por sí mismas evidencia de que Honduras atraviese una situación equivalente. Precisamente, en medio de las alertas y cuestionamientos, las autoridades de la CNBS y economistas hondureños han salido a explicar las diferencias entre ambos escenarios, mientras Solórzano insiste en que los indicadores nacionales se encuentran por encima de los mínimos regulatorios y que la información sobre el sector puede verificarse públicamente.