Según la investigación de ASJ, aunque SEDESOL, FHIS y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización aparecían como las instituciones encargadas de ejecutar los recursos, en la práctica los diputados asumieron un papel activo en el proceso. La organización sostiene que los congresistas presentaban solicitudes, gestionaban los beneficios y promovían su entrega directamente en las comunidades.
El Fondo de Administración Solidaria fue establecido en 2023 mediante las Disposiciones Generales de Presupuesto, que facultaron al Congreso Nacional para asignar hasta L950 millones anuales a siete instituciones estatales. Los recursos podían destinarse a becas, obras sociales e infraestructura menor y, posteriormente, se incorporaron cupones alimenticios, kits tecnológicos e insumos médicos. En 2024, el monto ejecutado alcanzó L898.5 millones entre SEDESOL, FHIS y Gobernación.
Uno de los principales hallazgos de ASJ apunta a la ausencia de liquidaciones. La organización afirma que ninguna de las instituciones ejecutoras remitió a los organismos de control los informes requeridos por ley. SEDESOL, además, habría reconocido ante ASJ que mantiene pendientes las liquidaciones correspondientes al período 2023-2025 y que no tiene claridad sobre el procedimiento que debía seguir para completarlas.
La falta de trazabilidad también fue identificada en los recursos destinados a cupones y certificados alimenticios. De los más de L187 millones utilizados bajo esta modalidad, únicamente el 37% había sido liquidado, mientras que más de L53 millones fueron entregados mediante la gestión de 26 diputados, todos pertenecientes al Partido Libertad y Refundación (Libre).
Las becas estudiantiles constituyen otro de los puntos cuestionados. ASJ señaló que BANADESA y SEDESOL suscribieron un convenio que incluye una cláusula de confidencialidad utilizada para negar información sobre la liquidación de estos recursos. La organización considera que esa disposición no puede utilizarse para impedir el acceso a información pública cuando la Ley de Transparencia establece causales específicas para declarar información como reservada.
El informe establece que 50 diputados, entre propietarios y suplentes, gestionaron más de L110 millones destinados a cerca de 22,000 becas entre 2023 y 2025. La distribución, según ASJ, estuvo concentrada en determinados congresistas. Rasel Antonio Tomé y su suplente encabezan los registros con L29 millones correspondientes a 5,801 becas, seguidos por Hugo Rolando Noé Pino y su suplente, con L25.7 millones para 5,142 becas.
Las visitas realizadas por ASJ a comunidades también dejaron inconsistencias entre los registros oficiales y los testimonios de personas señaladas como beneficiarias. Algunas negaron haber recibido las ayudas que aparecían en los listados, otras aseguraron haber recibido un apoyo diferente al reportado y, en al menos un caso, la persona identificada como beneficiaria confirmó no contar con el negocio que figuraba en los documentos como destinatario de los recursos.
Transparencia Internacional identificó además que 23 diputados que gestionaron becas, cupones, obras sociales o infraestructura menor entre 2023 y 2025 fueron reelectos en el proceso electoral más reciente. Para ASJ, este patrón genera preocupación sobre la utilización de recursos públicos como herramienta de campaña bajo programas presentados como asistencia social. “El problema no es únicamente quién recibió estos fondos, sino que ninguna institución fue capaz de decirnos con certeza cómo se liquidaron”, señaló Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ.
Los señalamientos fueron rechazados por el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien sostuvo que las gestiones de los diputados no significaban que estos administraran directamente los fondos y pidió diferenciar entre recursos solicitados, aprobados, comprometidos, devengados y pagados. Hugo Noé Pino también negó haber manejado recursos y aseguró que sus gestiones respondieron a solicitudes de familias de los 28 municipios de Francisco Morazán. Mientras las partes mantienen posiciones opuestas sobre el manejo del fondo, ASJ pidió investigar los posibles delitos y recomendó crear una Ley de Administración de Subvenciones, publicar beneficiarios y liquidaciones y prohibir que diputados intermedien en la entrega de ayudas financiadas con fondos públicos.