De acuerdo con Ochoa, en las grabaciones se identifica a Cerimedo haciendo referencia a supuestas acciones relacionadas con el manejo de votos durante los comicios, entre ellas la incorporación de sufragios a favor de Nasry Asfura en determinadas urnas, la extracción de votos que no le favorecían y una presunta coordinación con las Fuerzas Armadas. También afirmó que en los audios se instruía no aceptar un recuento voto por voto. “No hay nada oculto entre cielo y tierra”, manifestó Ochoa al referirse nuevamente al contenido de las grabaciones.
El exconsejero sostuvo además que el Ministerio Público había anunciado una investigación y solicitado que los audios fueran sometidos a una pericia en Colombia. Sin embargo, según su versión, una resolución de la Corte Suprema de Justicia suspendió la investigación relacionada con las consejeras del CNE. Ochoa cuestionó esa decisión y aseguró que posteriormente el ente electoral declaró ganador de las elecciones de 2025 sin haber contabilizado la totalidad de las actas ni procesado una impugnación.
Zelaya, por su parte, aseguró que la verificación de las grabaciones ya había sido planteada antes de su destitución. Recordó que durante su comparecencia ante el Congreso Nacional propuso al diputado Jorge Cálix llevar los audios a Estados Unidos para confirmar su autenticidad. Posteriormente, explicó, el material quedó preparado para ser remitido a Colombia con ese mismo propósito. “Los audios ya estaban listos para ser enviados a Colombia”, señaló Zelaya al referirse al Oficio Nro. F342S-002 de la Fiscalía de la Nación.
El exfiscal consideró que la captura de Cerimedo en Bolivia vuelve a poner el contenido de las grabaciones bajo escrutinio y reclamó que se permita completar la diligencia técnica que, según afirmó, quedó paralizada. “Desbloqueen las investigaciones y permitan que se realice la pericia de los audios, ¿a qué le tienen miedo?”, cuestionó. También planteó como alternativa la creación de una comisión con representantes de los partidos políticos, las iglesias y sectores de la sociedad civil para examinar el material mediante una pericia internacional.
Zelaya también relacionó su destitución con las denuncias que, según afirmó, realizó junto a otros funcionarios sobre actuaciones dentro del CNE y el proceso electoral. Mencionó entre ellos a Ochoa y al magistrado Mario Morazán, al sostener que fueron separados de sus cargos por oponerse a los planes que, a su juicio, se pretendían ejecutar. Finalmente, insistió en que los audios deben ser sometidos a un análisis técnico que permita establecer si son auténticos y esclarecer su contenido, para que sean los resultados de esa pericia los que determinen la veracidad de las denuncias.