La denuncia cuestiona que el proyecto offshore, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las islas, avance sin la evaluación de impacto ambiental ni las autorizaciones gubernamentales que, según los demandantes, exige la legislación argentina. El área se encuentra dentro de la plataforma continental que Argentina considera propia y forma parte de la disputa territorial con Reino Unido, mientras que el gobierno de las islas ya dio su visto bueno a la iniciativa.
“Es una acción judicial preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva contra las dos petroleras y su proyecto Sea Lion”, confirmó a EFE Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. La presentación también invoca la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1976, que instó a Argentina y Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca abierta la controversia por la soberanía.
En materia ambiental, la demanda advierte sobre posibles efectos en los ecosistemas del Mar Argentino y de las islas del Atlántico sur, que mantienen una conexión ecológica con la Antártida. Los denunciantes señalan como riesgos los movimientos del lecho marino, el ruido submarino y eventuales derrames de crudo, cuyos efectos podrían extenderse mediante las corrientes marinas hacia otros sectores del Atlántico sur.
“Sobre un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía”, señalaron las organizaciones en la presentación judicial, mediante la cual buscan evitar un eventual daño antes de que se produzca. Entre las medidas solicitadas al tribunal están declarar ilegal el proyecto, suspender las obras e impedir nuevos contratos, desembolsos y transferencias destinados a su ejecución.
Redacción: Forum News