En Honduras, la desaparición de personas se ha convertido en una crisis que atraviesa distintas realidades: violencia, migración forzada, trata de personas y conflictos sociales. Detrás de las cifras existen familias que permanecen durante meses o años sin conocer el paradero de sus seres queridos, mientras casos como el de Angie Samantha Peña evidencian la complejidad que pueden alcanzar estas investigaciones y las dificultades que persisten para encontrar respuestas.
Angie Peña desapareció el 1 de enero de 2022, cuando realizaba un recorrido en moto acuática en West Bay, Roatán, Islas de la Bahía, durante unas vacaciones de Año Nuevo junto a su familia. Lo que inicialmente pudo ser considerado un accidente marítimo tomó posteriormente un rumbo distinto, luego de que las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional vincularan el caso con una estructura dedicada a la trata de personas y la explotación sexual comercial.
El expediente, impulsado de manera constante por la familia Peña, derivó en investigaciones sobre una red de alcance internacional. Las autoridades judiciales procesaron a miembros considerados clave dentro de esa estructura. Sin embargo, la pregunta central continúa sin respuesta: ¿dónde está Angie Peña?
Su paradero sigue siendo desconocido y la investigación permanece abierta, con recompensas y diligencias activas. La incertidumbre que rodea el caso volvió a adquirir relevancia en agosto de 2026, tras conocerse el asesinato en Roatán de Dereck McNeil, un testigo relacionado con las investigaciones y quien había asegurado contar con información sobre la posible presencia de Angie en la isla.
La muerte de McNeil provocó cuestionamientos de defensores de derechos humanos y sectores de la sociedad civil hacia el Ministerio Público y los mecanismos de protección para testigos, debido a las vulnerabilidades que, según señalaron, persisten dentro de estos sistemas. El episodio añadió otro elemento de preocupación a una investigación que lleva más de cuatro años sin esclarecer el paradero de la joven.
El caso de Angie Peña no es aislado dentro de la problemática de las desapariciones en Honduras. Hace dos semanas, Wilfredo Maldonado, portavoz de la Dirección Policial de Investigación (DPI), aseguró en una entrevista concedida a Hoy Mismo que en lo que iba de 2026 se habían reportado 135 menores como desaparecidos en el país. De ese total, 54 aún no habían sido encontrados, un dato que vuelve la mirada hacia la seguridad y protección de la niñez.
Mientras estos casos continúan abiertos, la dimensión general del fenómeno tampoco puede establecerse con exactitud debido a la falta de datos oficiales. Hasta mediados de 2025, los comités de familiares de migrantes desaparecidos estimaban unos 890 casos, de los cuales 814 correspondían a migrantes hondureños no localizados. A ello se suman alrededor de 1.872 perfiles genéticos registrados en el Banco Forense de familias hondureñas que buscan a sus familiares desaparecidos.
La comisionada hondureña de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, ha advertido que la desaparición constituye una «crisis persistente» y una “grave violación de derechos humanos”, debido a las consecuencias que genera para las familias y la sociedad. También ha señalado que la falta de información sobre el paradero de una persona vulnera derechos fundamentales, entre ellos el derecho a saber, a buscar y a ser buscado.
«Un minuto no es solo tiempo, es la diferencia entre perder y encontrar a una persona», enfatizó Izaguirre durante una reunión entre el Conadeh, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público, en la que pidió fortalecer la respuesta institucional ante las denuncias.
Honduras cuenta desde agosto de 2024 con un Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, elaborado de manera interinstitucional con apoyo del CICR para estandarizar las actuaciones y garantizar una búsqueda inmediata. No obstante, el Conadeh y las organizaciones de familiares consideran necesario fortalecer el marco jurídico mediante la aprobación de una Ley de Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y sus Familiares.
La propuesta busca establecer mecanismos efectivos de búsqueda, protección y acompañamiento conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, casos como el de Angie Peña, las decenas de menores que permanecen sin ser encontrados y cientos de familias que siguen esperando respuestas mantienen una pregunta de fondo sobre la capacidad del Estado para proteger, buscar y encontrar a quienes desaparecen.
«En Honduras, la desaparición de personas constituye una crisis persistente que adopta múltiples manifestaciones, incluyendo la violencia, la migración forzada, la trata de personas y los conflictos sociales», subrayó Izaguirre.