El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) terminó la designación del TPS para Honduras y, el 9 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió la decisión de una corte inferior que había dejado sin efecto esa terminación. En los últimos días, las autoridades estadounidenses también han advertido que los beneficiarios de países cuyo TPS terminó deben abandonar Estados Unidos si no cuentan con otra base legal para permanecer.
Las cifras sobre los hondureños vinculados al programa varían según la fuente y el momento de referencia. El especialista en temas migratorios Ilis Cornejo señaló que alrededor de 77,000 compatriotas fueron beneficiados por el TPS, mientras el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) calcula que unos 55,000 hondureños estaban amparados por este beneficio. Estas cantidades no significan que todos permanezcan actualmente bajo las mismas condiciones migratorias.
El TPS constituye una protección temporal y no equivale a una residencia permanente ni concede por sí mismo un camino automático hacia la ciudadanía. Por esa razón, algunos de sus beneficiarios pudieron haber obtenido posteriormente otro estatus migratorio o una protección diferente. Para quienes no tengan otra base legal, la cancelación significa que ya no podrán utilizar el TPS como fundamento para permanecer legalmente en Estados Unidos.
La protección fue concedida a los hondureños después de la devastación ocasionada por el huracán Mitch. Su designación comenzó el 5 de enero de 1999 y fue renovada en distintas ocasiones durante más de dos décadas, por lo que algunas personas que llegaron bajo este beneficio han pasado buena parte de su vida adulta en Estados Unidos. Durante ese tiempo, muchos formaron familias, trabajaron, pagaron impuestos y desarrollaron actividades económicas.
Gobierno plantea gestiones y prepara eventual retorno
El presidente Nasry Asfura informó el lunes que su Gobierno pidió a Estados Unidos analizar de manera individual la situación de los hondureños afectados por la cancelación del TPS, tomando en cuenta que muchos llevan décadas residiendo, trabajando e invirtiendo en ese país. El mandatario recordó que el programa surgió después del huracán Mitch y consideró que debe valorarse la trayectoria de los connacionales que han permanecido durante años en territorio estadounidense y han respetado sus leyes.
“Pedimos al gobierno americano, extraoficialmente, a decirles que analicen cada caso. Son gente de bien, que tienen tres y cuatro décadas de vivir en Estados Unidos, que trabajan, que tienen inversiones. Ciudadanos ejemplares, que trabajan y se han adaptado y han respetado las leyes americanas”, declaró Asfura durante una comparecencia.
El mandatario también reconoció que Honduras debe prepararse para un eventual retorno de los connacionales afectados. Aseguró que su administración trabaja para generar oportunidades y sostuvo que las autoridades deberán estar listas para recibirlos si finalmente tienen que regresar al país, lo que coloca al Estado hondureño ante la necesidad de responder a una posible llegada de personas que han desarrollado durante años su vida en Estados Unidos.
El embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, señaló que todavía existe una acción judicial en curso, pero advirtió sobre las reducidas posibilidades de revertir la decisión. “La posibilidad de revertir una decisión final sobre el TPS es muy difícil”, es la realidad aunque se quiera ser optimistas, agregó. Flores también recordó que el programa permitió a miles de hondureños consolidar sus vidas, crear empresas, pagar impuestos y formar familias en Estados Unidos.
El analista Ramón Custodio sostuvo que Honduras debió prepararse con anticipación porque el carácter temporal del TPS hacía previsible que el beneficio pudiera llegar a su fin. Recordó que durante años las autoridades hondureñas gestionaron extensiones mediante negociaciones con Estados Unidos y consideró necesario que el presidente Asfura fortalezca la relación bilateral con la administración de Donald Trump para buscar soluciones para los afectados y atender otros asuntos pendientes entre ambos países.
Reclamos y efectos para Honduras
La ministra de Derechos Humanos, Leda García, expresó su sorpresa por la ratificación de la cancelación del TPS y lamentó que se haya reducido la posibilidad de continuar abogando por los hondureños beneficiarios del programa. “No dejamos de pronunciar nuestros sentimientos, lo lamentamos. Personalmente, voy a hablar por Leda García, no esperábamos que el presidente de los Estados Unidos, nos dejara sin la posibilidad de poder abogar por nuestros hermanos tepesianos”, expresó.
La Fundación 15 de Septiembre, por su parte, cuestionó al Gobierno de Honduras por la falta de una estrategia concreta para atender a los afectados. La organización consideró preocupante que se plantee a los hondureños buscar alternativas migratorias de manera individual y sostuvo que la magnitud del escenario requiere una respuesta coordinada. Juan Flores, presidente de la fundación, afirmó: “No se trata de miles de casos aislados. Es una crisis que requiere una respuesta nacional, coordinación diplomática y acciones concretas”.
El impacto previsto no se limita al ámbito migratorio. El analista económico del Fosdeh, Jorge Henríquez, advirtió que Honduras podría dejar de recibir alrededor de 310 millones de dólares anuales en remesas si se cancela el TPS para los compatriotas beneficiarios. Explicó que esos recursos representan un flujo importante para los hogares que dependen de las remesas y para la entrada de divisas al país.
Henríquez señaló que los 310 millones de dólares representan aproximadamente el 40 % de los 881 millones de dólares que Honduras recibió en inversión extranjera directa durante 2025. La posible reducción de estos recursos añade una dimensión económica al escenario que enfrenta el país, mientras el Estado busca alternativas para los hondureños afectados y se prepara ante la posibilidad de recibir a quienes eventualmente deban regresar.