La presión de estructuras criminales continúa dejando consecuencias en el sistema educativo hondureño. Centros de enseñanza privados han cerrado sus puertas o trasladado sus operaciones en Tegucigalpa y San Pedro Sula debido al cobro de extorsión, mientras cientos de maestros han denunciado desplazamiento forzado por amenazas. La situación fue expuesta por la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), en contraste con la Secretaría de Educación, que asegura no haber recibido reportes formales sobre estos hechos.
El representante de la Fenieph, Carlos Héctor Sabillón, afirmó que varios propietarios han optado por abandonar los inmuebles donde funcionaban sus instituciones para proteger a estudiantes y personal. "El problema no es nada nuevo, tengo información de centros que han cerrado y otros se han tenido que mover de un barrio a otro debido a la extorsión en Tegucigalpa y San Pedro Sula", manifestó. También señaló que algunos establecimientos eliminaron sus líneas telefónicas fijas para evitar las constantes llamadas de quienes exigen pagos ilícitos. "En otros casos llaman al colegio y les dicen que tienen que pagar, por eso varios colegios han quitado las líneas telefónicas. El problema de la extorsión es perjudicial para la economía del país", añadió.
El impacto también alcanza al magisterio. El delegado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ricardo López, informó que durante 2026 la institución ha documentado 553 casos de docentes que reportaron encontrarse en riesgo o haber abandonado sus comunidades por razones de seguridad. "Los maestros siguen siendo uno de los grupos más afectados por el desplazamiento interno vinculado a la extorsión", indicó.
Ante este panorama, el Conadeh instó a las autoridades a acelerar los traslados de emergencia y fortalecer las medidas de protección para quienes enfrentan amenazas. El organismo sostiene que la violencia no solo pone en riesgo la integridad del personal educativo, sino que además afecta la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en distintas zonas del país.
Desde la Secretaría de Educación, la subsecretaria Angélica Yaneth Sandres sostuvo que la institución no tiene constancia oficial de planteles afectados por esta problemática. Explicó que la activación de los mecanismos de apoyo requiere denuncias presentadas por escrito por parte de los directores.
"La Secretaría de Educación no ha recibido hasta este momento una información oficial o notificaciones por escrito de los centros que están siendo amenazados. Necesitamos que los directores reporten de manera oficial para canalizar el apoyo con la Secretaría de Seguridad", expresó Sandres. Aunque las versiones difieren entre los distintos sectores, todos coinciden en que la inseguridad representa un desafío que exige una respuesta coordinada para evitar mayores afectaciones al derecho de miles de estudiantes a recibir clases.
La expansión de este fenómeno evidencia que la extorsión continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad en Honduras, con efectos que trascienden al sector educativo y alcanzan a comerciantes, transportistas, emprendedores y distintos sectores productivos. El cobro ilegal impuesto por estructuras criminales mantiene bajo presión a miles de ciudadanos y representa un obstáculo para el desarrollo económico y social del país, donde las autoridades enfrentan el reto de fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a este delito.
Redacción: Forum News