Mario Simón, integrante de la comisión, explicó que la reorganización responde a la necesidad de hacer más eficiente la administración pública mediante la reducción del aparato estatal. Señaló que el ahorro obtenido permitirá incrementar la inversión en servicios esenciales para la población. “Lo que se está buscando es una disminución del aparato estatal porque necesitamos generar ahorro para el Estado y que esos recursos se puedan distribuir en sectores sensibles como educación, salud y seguridad”, expresó.
El funcionario indicó que cada trabajador separado de su cargo recibirá las prestaciones laborales que le corresponden conforme a la ley, una decisión con la que también se pretende evitar procesos judiciales contra el Estado. En ese contexto, aseguró que el cumplimiento de esas obligaciones forma parte del plan de liquidación que desarrolla la comisión. “Hasta la fecha han sido despedidos aproximadamente más de 1,700 empleados. A todos se les está honrando el pago de sus prestaciones”, afirmó.
Como parte de ese compromiso, el Gobierno ya ha destinado más de 700 millones de lempiras para cubrir las indemnizaciones de los empleados afectados. Simón explicó que ese desembolso responde a una estrategia preventiva para reducir el impacto económico que podrían generar demandas por salarios caídos u otros reclamos laborales derivados de las liquidaciones.
El proceso de reestructuración continúa con el cierre de las instituciones contempladas en el plan gubernamental, mientras la Comisión Técnica Liquidadora mantiene que la finalidad es optimizar el uso de los recursos públicos y reorientar el presupuesto hacia programas y servicios considerados estratégicos para atender las principales necesidades de la población.
Redacción: Forum News