La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) remitió al Ministerio Público documentación relacionada con liquidaciones pendientes del Programa Bono Tecnológico Productivo que superan los 6,000 millones de lempiras, luego de una revisión interna en la que no se encontraron expedientes completos que permitan verificar la ejecución de estos fondos durante la administración anterior. El titular de la institución, Moisés Molina, informó que no existen registros suficientes para establecer quiénes recibieron los beneficios otorgados ni cuál fue el destino final de las asignaciones entregadas mediante esta iniciativa.
El funcionario explicó que, debido a la falta de respaldo documental, la dependencia decidió trasladar el caso a las entidades encargadas de investigar y supervisar el manejo de recursos públicos, con el objetivo de que se realicen las verificaciones correspondientes y se determine si hubo incumplimientos administrativos o alguna otra responsabilidad conforme a la legislación vigente. La información también fue enviada al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que tiene entre sus funciones la fiscalización de la gestión pública.
Los montos bajo revisión corresponden al Bono Tecnológico Productivo, una iniciativa dirigida a fortalecer la actividad agrícola nacional mediante la entrega de insumos como semillas mejoradas, fertilizantes y otros materiales destinados a pequeños y medianos productores. Este mecanismo de apoyo ha sido utilizado como una herramienta para impulsar la producción de granos básicos y otros cultivos, especialmente entre sectores con limitaciones económicas para acceder a estos recursos por cuenta propia.
La SAG indicó que la remisión de los documentos responde al cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y buena administración pública. Además, señaló que serán los organismos competentes los encargados de analizar la información presentada y realizar las acciones que consideren necesarias dentro del marco de sus atribuciones, sin que la entrega de estos expedientes implique por sí misma una determinación sobre posibles responsabilidades.
“Esta actuación obedece al deber legal como institución de poner en conocimiento a las autoridades competentes aquellos asuntos que por su naturaleza requieren ser conocidos, analizados y en su caso investigado conforme al marco jurídico aplicable. En consecuencia, corresponderá exclusivamente a dichas autoridades realizar las verificaciones y actuaciones que estimen pertinentes en el ejercicio de las atribuciones que la ley les confiere”, manifestó la institución.
La institución aclaró que el traslado de la documentación no representa una acusación pública ni un señalamiento contra personas naturales o jurídicas, debido a que no se han establecido conclusiones sobre los hechos. Asimismo, reiteró que cualquier decisión deberá desarrollarse bajo el respeto al debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia de quienes puedan estar relacionados con la revisión.
El Bono Tecnológico Productivo ha representado uno de los principales programas de apoyo al sector agrícola, al facilitar herramientas e insumos para mejorar las condiciones de producción de agricultores en diferentes zonas del país. Debido al volumen económico involucrado y al impacto que tiene entre las familias productoras, la ejecución de esta iniciativa requiere mecanismos adecuados de control y seguimiento para garantizar el uso correcto de los fondos asignados.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado sobre requerimientos fiscales ni se han identificado personas señaladas dentro del proceso. La revisión continuará en manos de las autoridades correspondientes, que deberán determinar, mediante el análisis de la información disponible, si existen elementos que permitan establecer responsabilidades administrativas o penales relacionadas con la ejecución del Bono Tecnológico Productivo.
Redacción: Forum News