La polémica en torno a las declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sobre el Gobierno de Nicaragua se profundizó tras conocerse nuevas valoraciones en las que defendió la relación bilateral con el país vecino, cuestionó las presiones internacionales y sostuvo una posición que ha sido interpretada como una legitimación del régimen de Daniel Ortega, en medio de críticas de sectores políticos y organizaciones sociales.
Fernández afirmó que mantiene una relación “armoniosa” con Nicaragua y que su gobierno apuesta por la estabilidad diplomática en la región, en contraste con las posturas de confrontación impulsadas por Estados Unidos, que ha exigido un cambio de régimen en el país centroamericano. Sus declaraciones se dan en un contexto de tensiones geopolíticas donde Washington mantiene sanciones y una política de presión hacia Managua.
La mandataria costarricense también aseguró que los nicaragüenses han “elegido” su forma de gobierno actual, lo que generó reacciones inmediatas de diversos sectores que consideran que esa posición minimiza las denuncias sobre violaciones a derechos humanos. Además, planteó que Nicaragua presenta un entorno de estabilidad económica y atracción de inversiones, que a su juicio la diferencia de otros países de la región.
En sus señalamientos, Fernández comparó la situación nicaragüense con la de Cuba y Venezuela, países que ha criticado anteriormente por sus sistemas políticos, a los que atribuye crisis económicas profundas. Estas comparaciones fueron interpretadas como parte de una narrativa que busca diferenciar modelos de gobierno en América Latina desde una visión política y económica.
Las declaraciones han sido cuestionadas por figuras políticas costarricenses y organizaciones de la sociedad civil, que consideran que omiten el contexto de denuncias internacionales sobre la situación en Nicaragua. Entre los críticos se encuentra el expresidente Luis Guillermo Solís, quien calificó como preocupantes las afirmaciones por la forma en que interpretan la realidad política del país vecino.
También el Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica señaló que este tipo de posicionamientos contradicen la documentación internacional existente sobre la crisis nicaragüense y el impacto en la migración forzada. En tanto, sectores como el Colectivo Nicaragua Nunca Más advierten que desde la llegada de Daniel Ortega al poder en 2007 se han registrado restricciones sistemáticas a los derechos civiles y políticos, situación que se ha agravado desde las elecciones de 2018 y 2021.
Redacción: Forum News