La discusión sobre cómo frenar la violencia en Honduras vuelve a tomar fuerza en un momento en que el país convive a diario con la extorsión, los homicidios y la presencia constante de armas de fuego, mientras resurgen propuestas como el desarme general ante una crisis de seguridad que se ha extendido por años sin resultados sostenidos.
En barrios, colonias y unidades de transporte, la inseguridad dejó de percibirse como un hecho aislado. La violencia se volvió parte del entorno y modificó incluso la forma en que las personas hablan del tema, donde ya no sorprende su ocurrencia, sino su frecuencia y cercanía.
En ese contexto, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado, advierte que el país enfrenta un problema estructural que ha pasado de un gobierno a otro sin lograr contenerse. “Cada día se escucha del tema de extorsión”, señala, al referirse a uno de los delitos que más presión ejerce sobre la población.
A partir de ese diagnóstico, el defensor de derechos humanos plantea retomar una medida de fondo: establecer una veda a la venta de armas como punto de partida para replantear la estrategia de seguridad, en un país donde la mayoría de las muertes violentas se cometen con armas de fuego.
Para Maldonado, el debate ya no debe centrarse en si se actúa o no, sino en cómo hacerlo sin repetir decisiones que no lograron resultados sostenibles en el pasado.
Un país que ya intentó regular las armas
El antecedente más claro se remonta a la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, aplicada con mayor rigor desde 2003, que buscaba ordenar la tenencia y limitar la portación de armas en el país.
Sin embargo, mientras el Estado avanzaba en el control del mercado legal, el comercio ilegal de armas continuó creciendo, impulsado por estructuras criminales que operan al margen de las regulaciones y que no dependen de permisos ni registros oficiales.
Desde entonces, las medidas adoptadas han sido temporales y reactivas. Se han impuesto vedas durante procesos electorales, restricciones en feriados y operativos de decomiso en zonas con alta incidencia delictiva, pero sin lograr un impacto sostenido.
Estas acciones han permitido resultados inmediatos, aunque limitados, sin modificar la dinámica general de la violencia que persiste en distintas regiones del país.
El desafío en territorios bajo presión criminal
El reto es aún mayor en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, así como en corredores de Olancho, Yoro y Atlántida, donde estructuras criminales mantienen presencia activa y disputan el control territorial.
En estos espacios, el arma no solo representa un instrumento para delinquir, sino un mecanismo de control que sostiene dinámicas de poder, lo que complica cualquier intento de desarme sin una estrategia más amplia.
El tema se cruza además con el inicio de la administración del presidente Nasry Asfura, quien alcanza sus primeros 100 días en el cargo este 7 de mayo, enfrentando el reto de contener la violencia tras el fin del estado de excepción y el paso hacia un modelo de seguridad más focalizado.
Mientras tanto, departamentos como Yoro ya registran varios hechos de alto impacto, incluidas tres masacres en lo que va del año, reflejando la persistencia de la violencia en el país.
En medio de este panorama, la propuesta de desarme vuelve a abrir una discusión de fondo sobre las estrategias necesarias para enfrentar una crisis que dejó de ser excepcional y se convirtió en parte de la vida cotidiana de los hondureños.
Redacción: Forum News