El planteamiento surge tras la finalización de los procesos en el Legislativo, donde se determinó la responsabilidad política de los exfuncionarios, lo que derivó en su separación de los cargos. Sin embargo, distintos actores sostienen que estos casos no deben cerrarse en esa etapa, ya que corresponde al ámbito penal establecer si existieron delitos.
Desde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), su directora Gabriela Castellanos, confirmó que el organismo presentará un análisis sobre el desarrollo de los juicios políticos y reiteró el llamado a que el MP actúe conforme a la evidencia expuesta durante las audiencias.
“Nosotros esta semana vamos a entregar un análisis de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que debería de pasar en el marco de los juicios políticos. Yo creo de que no solamente debemos de quedarnos en juicio político, miren ustedes, este es un solo eslabón de la cadena. Hoy exigimos al Ministerio Público que presente requerimientos fiscales, porque sí hay actos que fueron conducentes a temas de delito”, señaló Castellanos.
La titular del CNA también enfatizó que el fiscal general Pablo Emilio Reyes debe dar continuidad al proceso iniciado en el Congreso Nacional, señalando que el Ministerio Público tiene la facultad de actuar de oficio frente a los indicios ya documentados.
En el ámbito legislativo, la presidenta de la comisión especial de juicio político, Tania Pinto, sostuvo que la destitución representa únicamente la consecuencia política de los hechos, por lo que insistió en la necesidad de deducir otras responsabilidades.
“No se puede permitir la impunidad en este país. Ya se dedujo la responsabilidad política que era el objeto del juicio político. Ahora, ¿qué consecuencia trajo eso? La destitución. Ahora se debe deducir las responsabilidades penales, civiles, administrativas y todo lo que tenga que ver porque ellos infringieron leyes, no cumplieron con los deberes y con las funciones para los cuales habían sido nombrados”, expresó Pinto.
La congresista también defendió la legalidad del proceso, asegurando que se respetaron las garantías constitucionales y el derecho a la defensa, por lo que descartó que se trate de una persecución política.
Por su parte, el diputado Alberto Cruz, secretario de la comisión especial, indicó que las denuncias ya están en conocimiento del Ministerio Público, lo que permitiría avanzar hacia la acción penal. Además, reveló que se analiza una nueva denuncia contra siete legisladores vinculados a la comisión permanente, proceso que dependerá de alcanzar la mayoría calificada en el hemiciclo legislativo.
“Se necesita una denuncia; el Congreso Nacional tiene que darle trámite siempre y cuando se cumpla con 86 votos. Entiendo que hay algunos diputados del Partido Nacional redactando una denuncia para al menos siete miembros, que son los que sobreviven de la comisión permanente”, explicó Cruz.
El Congreso Nacional, además de enfrentar este escenario, deberá avanzar en la designación de sustitutos en los cargos que quedaron vacantes, mientras crece la expectativa sobre si el Ministerio Público procederá con acciones penales en los casos ya señalados.
Redacción: Forum News